SUELE ser frecuente en España que la ausencia de planes estratégicos de financiación de las administraciones públicas se supla con medidas de racionalización del gasto, que terminan por adaptar el tamaño de éstas a las exigencias presupuestarias en vez de a las necesidades reales de los administrados y a los fines para los que dichas administraciones deben servir. Es un nefasto mecanismo de no-solución a los problemas reales de la Administración que, en el caso de las universidades públicas, adquiere tintes dramáticos que rozan la irresponsabilidad.

Así ha sucedido con el RD-ley 14/2012, de 20 de abril, que, entre otros despropósitos, convierte a los profesores universitarios en máquinas para una docencia masificada -las reformas de Bolonia a coste cero- penalizando el esfuerzo investigador que es la base del conocimiento que da sentido a la Universidad. Pero es en el incremento de las tasas de matrícula donde el error de planteamiento general sobre la financiación de las universidades públicas se hace más sangrante. ¿Puede España permitirse un incremento de casi el 10% desde el curso 2010-2011 en el montante de becas para estudios superiores sin un análisis previo de las necesidades de los egresados en un mercado de trabajo saturado de licenciados y graduados que tienen que marcharse del país porque no encuentran trabajo?

¿Tiene sentido haber incrementado el esfuerzo público en becas desde el 0,04 % del PIB en 2004 al 0,17% en 2012 sin solucionar el asfixiante problema de financiación de las 47 universidades públicas, seis universidades no presenciales y dos universidades especiales? ¿Conduce a alguna parte duplicar el crecimiento anual del gasto en Instituciones de Educación Superior en España por estudiante respecto al gasto medio en la OCDE (45,2% frente al 23,7%) manteniendo la mitad de gasto en I+D que Alemania, o la tercera parte que Finlandia? Esto se parece mucho a aquello del "engordar para morir".

Las macrouniversidades públicas españolas, entre ellas la de Sevilla, la mayor de Andalucía, apenas consiguen pagar los gastos corrientes de funcionamiento con las tasas de matrícula, no llegando, en la mayoría de los casos, a cubrir ni el 15% del presupuesto ordinario de gastos. El problema de las tasas de matrícula tiene que ver con la progresividad en el esfuerzo, pero no con la cobertura del gasto por alumno, porque no se puede dar tratamiento de gasto a lo que en el fondo no es más que inversión pública en el desarrollo del conocimiento y la formación superior de los estudiantes. Habría que plantearse primeras matrículas a precios simbólicos, tendentes a la gratuidad, para implementar un verdadero principio de acceso igual a los estudios superiores, y segundas y sucesivas matrículas a precios reales de cobertura de gasto por alumno, porque el verdadero gasto se genera cuando se superan los años naturales para terminar las carreras.

Es inviable un sistema universitario público masificado por alumnos incapaces de acabar sus estudios en el tiempo establecido porque el sistema de selección previo, simplemente, no existe. Aquí adquirirían las becas su verdadero sentido de apoyo público real al estudio, aunque seguiríamos sin resolver el problema de financiación. El 40% de los egresados en España termina su expediente académico con nota de entre 7 y 8 puntos sobre 10. Los RD 1721/2007, de 21 de diciembre, y 609/2013, de 2 de agosto, fijan en 5,5 y 6,5 puntos, respectivamente, los umbrales para el acceso a la beca de matrícula y al resto de cuantías fijas complementarias, luego la exigencia del esfuerzo sigue estando por debajo de los umbrales reales de rendimiento universitario. La Universidad española necesita mejores alumnos, no más alumnos.

Necesitamos menos universidades públicas y más pequeñas. Necesitamos universidades especializadas por campos temáticos estratégicos y no universidades redundantes y generalistas. ¿Tiene sentido la existencia de seis facultades de Derecho, cuatro públicas y dos privadas, en el círculo de cien kilómetros que encierra a Sevilla, Huelva y Cádiz? Andreas Schleicher, responsable de la OCDE para el programa PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Alumnos), acaba de afirmar en la sede la UIMP que en España se necesita atraer a los mejores profesores con incentivos y reducir el número de profesores por alumnos. ¿El modelo universitario español puede seguir siendo un mecanismo de amortiguación social del impacto del desempleo en el mercado de trabajo? ¿Es financiable, y, por tanto, sostenible, este modelo universitario surgido de la eclosión económica posterior a la democratización del sistema educativo de los años ochenta? ¿Para qué sirve una Selectividad que supera el 90% de los aspirantes a ingresar en la universidad? ¿A quién seleccionamos? ¿No es más cierto que las universidades punteras en el mundo son las que mejores alumnos poseen, no las que más alumnos tienen? Podemos seguir haciendo discursos sobre la igualdad de oportunidades y la necesidad de incrementar el esfuerzo en becas. Pero mucho me temo que ese discurso no vale para nada ante una realidad global que superado ampliamente las capacidades del modelo universitario español.