CONTRARIANDO la Constitución recientemente promovida por el presidente Evo Morales, a la cual se opusieron los grupos de derecha, el prefecto de la provincia de Santa Cruz llevó a cabo un referéndum tendente a aprobar un Estatuto de Autonomía para permitirle a esa provincia administrar y disponer autónomamente de sus recursos económicos sin el aval del Gobierno central.

La resultados definitivos de la jornada electoral no se conocen aún, pero los sondeos preliminares hablan de una votación favorable al proyecto autonómico de más del 80% de los sufragantes, aunque con una abstención cercana al 40%, con lo cual la validez política de este pronunciamiento sería polémica, y por ello ha sido cuestionada por el presidente Morales.

Se trata de un tema sumamente delicado para la estabilidad política del actual Gobierno porque a este referéndum se sumarían próximamente los de Beni, Tarija y Pando, con el mismo propósito, colocando en una clara crisis política y económica al Gobierno y al Estado actual, dado que el conjunto de estas provincias representa alrededor del 60% del PIB del país. En otras palabras, los sectores más ricos y prósperos quedarían resolviendo por su cuenta y para sí la mayor parte de los recursos de la nación, dejando a la "tradicional y pobre" Bolivia -es decir, la de los indígenas quechuas y aymaras- en la casi pobreza absoluta, encerrada en esas heladas cumbres andinas y sin posibilidades de desarrollo.

Si bien la provincia de Santa Cruz ha tenido tradicionalmente veleidades independentistas motivadas principalmente por un proceso de neocolonización blanco y ajeno a las etnias raizales, nunca habían llegado a desafiar la estabilidad política y territorial del Estado como lo han hecho ahora, con la llegada de Evo Morales a la Presidencia de la República. Morales ha resultado intolerable para esos sectores y los vinculados al gran capital nacional y extranjero, por su triple condición de indígena, defensor del cultivo de la coca y socialista, por lo cual, ante la imposibilidad de derrotarlo nacionalmente en las urnas, derrocarlo del Gobierno como lo hicieron en tantos otros casos y quitarle el apoyo mayoritario de la población principalmente indígena en Bolivia, se inventaron la figura de las autonomías como una estrategia para debilitarlo y desestabilizarlo, y como un esquema habilidoso para mantener en manos de los grandes terratenientes, empresarios agroindustriales y multinacionales la riqueza y los valiosos recursos del suelo y el subsuelo.

Evo Morales se encuentra en una encrucijada y seguramente tendrá que negociar, si no recibe apoyo internacional, con los gobernadores de Santa Cruz y demás provincias insubordinadas, y hasta con los poderosos empresarios de estas regiones, como el magnate poco indio Branko Marinkovic, las reformas introducidas por la Constituyente y sacrificar los alcances de su proyecto socialista, si quiere mantener la integridad territorial y la unidad de la nación, porque detrás de todo este fenómeno asoman también los bigotes del Tío Sam, quien no ha visto con buenos ojos las pretensiones de este rebelde indígena ni las de sus amistades.

Pero estos hechos revisten, a mi juicio, mayor gravedad de la eventual derrota política de Morales, porque más allá de las autonomías se aprecia la intención de desmembrar una vez más a la pobre Bolivia, bajo la mirada indiferente de la comunidad internacional por la suerte de este proyecto legítimo del único Gobierno indígena del hemisferio. Pero más grave aún es el precedente para Latinoamérica, porque Bolivia no sería el único país en el que florecerían este tipo de intentos autonómicos con visos de separatismo, a pesar de haber sido la región relativamente estable en esta materia en casi un siglo, desde cuando se produjo la pérdida de la salida al mar de Bolivia y de la región del sur de Perú a manos de Chile y la más protuberante desmembración de los Estados Mexicanos del norte por parte de EEUU, de la misma manera que lo hicieron con Colombia cuando le cercenaron a Panamá.

La llegada de gobiernos de corte socialista ha desatado grandes preocupaciones en Washington por las consideraciones geopolíticas del Pentágono sobre la región, principalmente en aquellas áreas donde existen recursos económicos importantes, particularmente vinculados al sector energético como carbón, gas y petróleo, ligados a sentimientos separatistas. De ahí, Santa Cruz y, en la mira, El Zulia en Venezuela, o la frontera colombo-ecuatoriana, zona de recientes conflictos, o el pulmón de Brasil, así como con lugares aislados del poder central como El Alto Perú, entre otros. La crisis del Estado-Nación y las crisis políticas y de gobernabilidad de varios estados, sumadas a la crisis energética, pueden hacer variar el mapa político y territorial de Latinoamérica, algo de lo cual no ha sido conciente la generalidad de los pueblos y gobiernos del área. Bolivia puede ser el punto de partida.