Con más de 200 millones de habitantes y una economía dos veces y media más grande que la española, Brasil ha sido una de las economías de referencia mundial desde el cambio de siglo, gracias a la fortaleza de sus exportaciones y a las propicias condiciones de los mercados internacionales de materias primas. Durante la pasada década no sólo pudo crecer a un promedio anual superior al 3,5% y superar con solvencia la crisis financiera internacional (aunque en 2009 experimentó un ligero decrecimiento de dos décimas), sino que también ha conseguido una reducción significativa de la pobreza extrema (desde el 17,3% de la población en 2006, hasta el 7,5 en 2014), gracias a audaces programas sociales, como Bolsa de Familia. El prestigio internacional del país y del que fue su presidente (Lula da Silva) entre 2003 y 2010 precipitaron el liderazgo regional y reconocimientos de todo tipo, como su designación como sede de las Olimpiadas de 2016. Sin embargo, un conjunto de circunstancias externas e internas parecen haberse puesto de acuerdo en 2014 para que todo se detenga, cuando la renta media todavía se mantiene en el entorno de los 11.000 dólares, aproximadamente la mitad de la española.

Entre las circunstancias externas hay que destacar la depreciación generalizada en las monedas de las economías emergentes, derivadas de las restricciones monetarias en Estados Unidos, la caída en el precio de las materias primas y el declive de la economía china, su socio comercial estratégico por excelencia. Los primeros problemas internos con repercusión internacional fueron las protestas ciudadanas por el contraste entre el despilfarro en las inversiones de cara a las Olimpiadas y el tamaño de las necesidades sociales, coincidiendo con las primeras intervenciones en barrios marginales y con las advertencias sobre retrasos y errores de planificación de las obras. La situación se complicó todavía más cuando la economía entró en recesión y el Gobierno debió enfrentarse a unas estrecheces financieras imprevisibles tan sólo unos años antes, aunque el estallido final de la crisis ha llegado con la escalada de escándalos de corrupción política.

La presidenta Rousseff se enfrenta a una demanda de inhabilitación en el Parlamento por manipular las cuentas públicas para encubrir la realización de gastos no presupuestados, pero sobre todo al levantamiento de medio país que la acusa de promover el nombramiento de Lula como ministro con el fin de impedir su procesamiento por la justicia ordinaria por corrupción, en un caso con evidente similitud a los "aforamientos exprés" en España.

Lula ha tirado de sus habilidades como veterano sindicalista para intentar movilizar a la otra mitad del país, calificando el procedimiento contra Rousseff como golpe de Estado y atentado contra la democracia. Una grave acusación de consecuencias posiblemente demoledoras para la frágil imagen del país, pero sobre todo porque si algo es cierto en esta historia es que Lula está siendo investigado y que la manipulación contable ha existido, lo que significa que lo verdaderamente grave para la democracia brasileña habría sido la indiferencia de las instituciones.