ESTUVO bien el consejero de Educación, Luciano Alonso, al dar en el Parlamento las cifras de las irregularidades en las ayudas públicas a la formación -desmontando, de momento, la teoría del fraude masivo- y estuvo mal actuando como calamar sectario al extender su tinta de distracción sobre el denunciante Partido Popular.

El consejero redujo a un millón de euros la cantidad reclamada a cuatro empresas por no justificar las subvenciones recibidas, aunque los 52 expedientes pendientes de resolver podrían multiplicar por seis lo defraudado. No es poco, pero queda lejos del "fraude masivo" que se ha atribuido alegremente a la gestión de estos fondos. Segunda parte: el consejero, que no quiso dar nombres de las sociedades beneficiarias sometidas a expedientes todavía inconclusos, sí deslizó, en cambio, que la diputada del PP Antonia Ruiz tiene un tercio de la propiedad de cinco empresas de formación y dispone de 1,2 millones de euros en su cuenta corriente.

¿Y qué, Luciano? ¿Acaso es ilegal que una parlamentaria participe en una actividad empresarial que incluye en su declaración de bienes e intereses ante el Parlamento del que forma parte o es delito disfrutar de una cuenta corriente muy saneada que no haya engordado por medios ilícitos? En el peor de los casos para ella, suponiendo que no pueda justificar y tenga que devolver las ayudas recibidas, ¿eso legitimará la actuación de la Junta que no ha controlado los fondos concedidos y que, según la Cámara de Cuentas, los concedió en 2009 sin concurrencia competitiva entre los aspirantes en el 89% de los casos? Alonso se defiende atacando. Ya digo, tinta de calamar.

Mientras el consejero de Educación vertía la tinta, el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, daba un paso relevante en la estimación de la gravedad del asunto: asume el informe policial según el cual las irregularidades detectadas en los cursos de formación tienen previsiblemente relevancia penal. Son presuntos delitos, vamos. La Fiscalía llama la atención sobre cómo la Junta otorgaba subvenciones para impartir cursos a empresas, ayuntamientos y diputaciones exonerándolas de la obligación de justificar los gastos de cursos anteriores, y sobre cómo la fundación pública Faffe acumuló subvenciones por importe de 50 millones inmediatamente antes de su extinción.

Esto no se combate insinuando acusaciones contra una diputada de la oposición.