MARIANO Rajoy contaba, como ha sugerido alguien desde la Junta, con que Arenas "callara y tragara" con el recorte presupuestario impuesto a Andalucía: la paz del silencio y la anuencia. La política económica del PP requiere una mayoría absoluta y un absoluto silencio en los gobiernos de las comunidades autónomas. La única forma canónica de asumir las cuentas públicas consiste en considerarlas un acto de fe o el dogma vertebral de una severa religión basada en los principios del neoliberalismo a la alemana. Por eso era tan importante, desde la estrategia política conservadora, conquistar la plaza de Andalucía y por eso Rajoy esperó a que pasara el 25-M para presentar los presupuestos. El problema es que Arenas no está en disposición de callar, tragar ni asentir desde la Presidencia de la comunidad porque no está allí, y esa ausencia pone en un compromiso al Gobierno de España y abre un enfrentamiento que terminará, lo más probable, en manos de los tribunales de justicia.

Los responsables en funciones de la Junta creen que más allá de los tajos comunes que contienen los Presupuestos, el Gobierno central ha incurrido en una deslealtad estatutaria al no respetar la equivalencia entre el peso de la población andaluza y la partida para inversiones. En concreto, hay un desfase superior a los tres puntos porcentuales, del 17,890% al 14,69%, lo que significa en la práctica una reducción para 2012 de casi el 38%, trece puntos sobre la media nacional.

El interinato socialista que gobierna la Junta, por boca de Mar Moreno, ha expresado que no está dispuesto a pasar por el aro. "Lo que suscita la enérgica protesta ante el Gobierno", ha dicho Moreno, "es que no se cumpla el Estatuto. Sea mayor o menor la cantidad que va a invertir el Estado, nos corresponde una cuantía que por primera vez se incumple en los primeros Presupuestos de Mariano Rajoy". Un punto de vista compartido por CiU en Cataluña.

La pluralidad del Estado de las Autonomías, más allá de los sentimientos nacionalistas que, en el caso andaluz, son tenues y transparentes, se ha convertido en el principal obstáculo para la política total de Rajoy, una política que no admite cismas, matices ni alternativas. No tanto porque no las haya como porque han sido excluidas por conveniencia y connivencia ideológica. La exclusión, sin embargo, no va a suponer la liquidación de la disidencia contra una política econónica que no es la única posible. Ayer la comunidad de Navarra, donde gobierna una coalición formada por UPN y socialistas, se rebeló, como lo hizo antes Euskadi, contra la amnistía fiscal. Otro roto que cuestiona la supuesta infalibilidad del proyecto económico del PP.