La tribuna económica

Joaquín / Aurioles

Capacidad de negociación mermada

APUNTABAN en la dirección equivocada. No era contra la reducción de los sueldos de los funcionarios contra lo que había que disparar, sino contra los cuatro millones y medio de parados. No es más que un ejercicio de pura coherencia. También lo habría sido, a la vista de las descalificaciones sobre la política económica del Gobierno, la petición de dimisiones entre sus miembros o la del propio presidente, aunque, claro, nadie ignora que los principales apoyos a dicha política han sido, precisamente, la de los secretarios generales de las organizaciones convocantes, que, también por coherencia, deberían ser los siguientes en dimitir.

No es probable que ocurra. Sobre todo, tras la nula capacidad de autocrítica que hasta ahora han mostrado los dos grandes sindicatos, aunque algo deberán hacer tras el estrepitoso fracaso de la huelga de funcionarios, precisamente dónde el nivel de afiliación sindical es más elevado. Seguir con la convocatoria de huelga general se presenta como una huida hacia adelante con tintes suicidas para las cúpulas sindicales y sin otra salida posible que la elevación al máximo del nivel de conflictividad y de enfrentamiento con el Gobierno. El escenario, en cualquier caso, es el de debilitamiento de la posición negociadora de los sindicatos. Primero, porque su poder de negociación se debilita a medida que aumenta el desempleo. Segundo, porque el fracaso de la convocatoria constituye un mensaje claro para el Gobierno de que el apoyo social a la política económica de baja intensidad auspiciada en la Mesa para el Diálogo Social es bastante inferior a lo que podría considerarse desde La Moncloa. Tercero, porque el rechazo a las tesis sindicales significa que han dejado de representar opciones progresistas desde un punto de vista social. Si los sindicatos radicalizan su postura, ignorando las advertencias internacionales sobre la necesidad de profundizar en los ajustes, a pesar de sus costes políticos, económicos y sociales, mientras que el desempleo sigue aumentando, es muy probable que el Gobierno se vea forzado a un distanciamiento progresivo del diálogo social y a buscar en el Congreso de los Diputados los apoyos que necesita.

Desde la perspectiva del análisis económico, la pérdida de poder de negociación de los sindicatos tiene más ventajas que inconvenientes, sobre todo en términos de expectativas de reducción del paro. En principio, porque se podrían eliminar los principales escollos a la puesta en marcha de una reforma laboral verdaderamente ambiciosa, que permita abordar, de una vez por todas, el problema del paro estructural en España. Por otro lado, porque facilitaría la adaptación de los salarios a la productividad. Además, es probable que también se consiga una mejor representación en la negociación colectiva de los segmentos laborales más perjudicados con el aumento del paro, es decir, jóvenes, inmigrantes y parados de larga duración. Por último, cabe esperar una mayor eficacia y transparencia en el funcionamiento de las políticas activas de empleo, es decir, en los servicios públicos de empleo y en los programas de formación continua y ocupacional.

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