EN vísperas del advenimiento de la Suerte, esa vieja dama en la que los españoles confían más que en la Justicia, se entrecruzan en el semáforo de la actualidad sevillana dos hechos relevantes que son la cara y la cruz de un Estado de Derecho con luces y sombras. Carmen Fernández, la madre de los niños Iván y Sara, ha muerto sin haber recuperado legalmente a sus hijos ni cobrado la indemnización que le concedieron los jueces cuando se evidenció que estaba rehabilitada del alcoholismo. No tiene precio el daño que la demora y la indecisión judiciales hacen a los menores. 11 años de proceso, sentencias y recursos, y todavía no ha deliberado el Tribunal Constitucional. Qué vergüenza. Por ese camino se van quedando españoles como Carmen Fernández, esperando a Godot. Y esperando que el juez Francisco Serrano y la consejera de Bienestar Social hubieran tenido con ella algún gesto de arrepentimiento o rectificación. Se han cubierto de gloria.

También desaira al Gobierno andaluz otro caso en el que la Justicia ha defendido un Estado de Derecho en el que prime la libertad de expresión aun cuando sea controvertido ejercitarla. Sean cuales sean los protagonistas de un pleito (y nos referimos al de Manuel Chaves contra dos periodistas de El Mundo, Francisco Rosell y Javier Caraballo), la democracia es efectiva cuando quien encabeza el poder ejecutivo puede acudir a los tribunales para defender su honor, como un ciudadano más, y es plena cuando un juez es libre para no fallar a favor del más poderoso, que ha perdido, como un ciudadano más.

En este asunto, con ribetes sainetescos y del tebeo, con excesos por todas las partes, lo único serio ha sido la sentencia notificada ayer. Triunfa la libertad de expresión y de información como principio constitucional. Todos los ciudadanos salimos ganando. También la política, que sólo sobrevive si es la quintaesencia de una sociedad libre donde es posible contraponer los pareceres.