EL Rey mantenía un encuentro con una alta autoridad del Estado cuando recibió la noticia de la imputación de la Infanta. Don Juan Carlos, en silla de ruedas -hace todos los días sus largos ejercicios de rehabilitación en sesiones de mañana y tarde- hizo un comentario más personal que institucional: su primer recuerdo fue para sus nietos, uno de ellos está sufriendo un trato especialmente duro por parte de sus compañeros de clase.

Precisamente sus cuatro nietos Urdangarín habían pasado el fin de semana de Pascua en Zarzuela con la infanta Cristina y sin duda, la hija menor de los Reyes ha compartido con sus padres su estado de ánimo, no muy bueno porque desde hacía un mes diferentes medios de información aseguraban que la Infanta iba a ser imputada. El juez Castro, decían diversas fuentes, lo había manifestado en más de una ocasión en Palma de Mallorca.

Es posible incluso que ese fin de semana Don Juan Carlos cambiara impresiones con su hija sobre su defensa, así se explicaría que al poco de conocer la imputación de la Infanta el Rey telefoneara a Miguel Roca Junyent para pedirle que se hiciera cargo profesionalmente de esa delicada responsabilidad.

A lo largo del año y medio transcurrido desde que se conocieron los primeros datos de lo que se ha llamado caso Nóos o caso Urdangarín, la relación entre el Rey y la Infanta no ha sido fácil. Sus conversaciones telefónicas cuando residía en Washington no siempre acabaron bien porque doña Cristina no veía en el Rey una defensa cerrada de su marido, y hubo periodos de incomunicación que se prolongaron durante meses porque ni el Rey quería apoyar a quien consideraba que había traicionado la confianza que se le había dado, ni doña Cristina admitía la falta de apoyo institucional. Nunca faltaron las llamadas de la Reina, que incluso se trasladó a Washington sin contar con el visto bueno previo del Rey, y pasaron por altibajos las llamadas del príncipe Felipe, siempre tan cercano a su hermana menor y que mantenía una relación muy estrecha con Iñaki Urdangarín.

En la última etapa de la estancia de los duques de Palma en Washington mejoró la comunicación entre los dos hermanos, aunque nunca volvió a ser como antes.

Jamás el Príncipe y el Rey plantearon a Cristina un divorcio, y tampoco que renunciara a sus derechos sucesorios, pero en algún momento ella pudo pensar que se le estaba pidiendo a través de personas interpuestas que manifestaban públicamente que estaba obligada a tomar esas decisiones que favorecerían a la monarquía pero la alejarían de su marido. Sí fue apartada de la agenda oficial, lo que le produjo una gran consternación porque suponía de hecho apartarla de la familia. De hecho, no hubo encuentro de los Urdangarín con los Reyes durante meses, hasta que el Rey fue operado de la rodilla por segunda vez y, a petición de la Infanta, Urdangarín fue autorizado a acompañarla a la clínica madrileña en la que había sido intervenido el Rey. Y después la familia pasó junta la Navidad, un encuentro que se celebró sin tensiones pero en el que hubo un cuidado exquisito para que no se produjeran roces de ningún tipo, por el bien de los niños. Y no se produjeron, don Juan Carlos trató a su yerno con toda naturalidad, una tregua en la tormenta.

Cuando se conoció la imputación de la Infanta, el Príncipe se encontraba en Bilbao y le acompañaba el Jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno. A través de llamadas entre Madrid y Bilbao se decidió no hacer ningún comunicado ni expresar ninguna reacción ante la grave noticia hasta el regreso del Príncipe. Y no fue especialmente acertada la fórmula elegida: "sorpresa" por la imputación y "absoluta conformidad" con la Fiscalía. Es verdad que la sorpresa venía dada porque meses atrás el mismo juez que encontraba razones fundadas para la no imputación ahora imputaba a la Infanta, y el único elemento novedoso era un correo filtrado por Diego Torres en el que Urdangarín pedía opinión a su mujer sobre un asunto profesional y ni siquiera se conocía la respuesta de doña Cristina, pero aún así se esperaba una reacción de más apoyo a las actuaciones judiciales, aunque no fuera más que para callar a quienes dicen desde hace tiempo, sin pruebas, que el Rey ha presionado a jueces y fiscales para favorecer a su hija.

No es cierto. Un dato: cuando el fiscal general del Estado acudió a Zarzuela para entregar al Rey la Memoria Anual de la Fiscalía, don Juan Carlos no hizo ninguna alusión al caso Urdangarín. Fue Torres Dulce quien, al finalizar el encuentro, le preguntó y la respuesta del Rey fue significativa: como padre sufre por la situación de su hija, pero la Justicia tiene que actuar con plena independencia. Al día siguiente de la imputación de la Infanta el Príncipe Felipe se pronunciaba, en Barcelona, exactamente en estos términos: "La Justicia es un elemento clave en tiempos convulsos".

El Rey sí había tomado una decisión: la Infanta tendría un buen profesional de la abogacía. Nunca estuvo de acuerdo don Juan Carlos con la idea de Urdangarín de encargar su defensa a Pascual Vives, y de hecho La Zarzuela había pedido al bufete de Horacio Oliva que se ocupara del caso; pero el duque de Palma se negó, prefería a su amigo. Lo que preocupaba a Zarzuela era que Pascual Vives era mercantilista, sin experiencia en Derecho Penal. Para destacados profesionales de la abogacía su trabajo no ha estado al nivel exigido. Ha mostrado desconocimiento en asuntos básicos, y el último ejemplo se vio cuando, tras conocer la imputación de la Infanta y respondiendo a preguntas de los periodistas, dijo que estaría "muy honrado" de hacerse cargo de su defensa. No podía hacerlo al ser el abogado de su marido.

Finalmente, tal como quería el Rey, será el bufete de Miguel Roca Junyent, uno de los padres de la Constitución y persona que a pesar de haber dejado la escena política hace años mantiene una magnífica relación con el Monarca. Roca además se asoció hace poco tiempo con uno de los bufetes de más prestigio de Cataluña, el Molins-Silva, y será el catedrático de Derecho penal Jesús Silva el encargado de la defensa de doña Cristina.

Preocupaba especialmente a la Casa Real el paseíllo de la Infanta en el Juzgado de Palma, un mal trago para quien además de comparecer ante un juez debe bajar una cuesta de medio centenar de metros con docenas de periodistas y cámaras pendiente de sus gestos y sus palabras. De momento se aplaza esa situación ante la decisión del juez Castro de esperar la decisión de la Audiencia sobre el recurso de la Fiscalía antes de fijar una fecha para que acuda a declarar. Cuando eso ocurra, si ocurre -la Sala de lo Penal puede considerar que no hay motivo para la imputación- se verá si se deben tomar medidas, o no, para evitar a la Infanta la llamada pena de telediario.