CUANDO usted compra en Mercadona, es consciente de que le da servicio una empresa española. Como francesa es Carrefour. Tras la huida hacia adelante del Gobierno catalán, que no tiene dinero para pagar las nóminas y alega que ya sólo le vale conseguir la independencia respecto del resto de España, conviene que todos se definan. Cuando usted utiliza el agua caliente mediante Gas Natural, o reposta carburante en una gasolinera de Repsol, o gestiona sus ahorros desde una sucursal de Caixabank, tiene derecho a saber si abogan por seguir cotizando en la Bolsa de Madrid. Si continuarán formando parte del Consejo Empresarial que se reúne con el Rey para analizar la economía española. Si quieren seguir tributando a las órdenes del Ministerio de Hacienda o exigen un pacto fiscal solo con la Generalitat. Si defienden a sus clientes andaluces de las acusaciones de que somos vagos que perjudicamos a Cataluña para que no alcance su plenitud.

Es palmario que se ha renunciado a afianzar la evidencia de la identidad común y de los intereses indisociables entre españoles y catalanes. Es patética la cobardía de los intelectuales, acomodados al aldeanismo. Clamoroso el silencio de empresarios y sindicatos. Y estrepitoso el fracaso de la operación infanta Cristina-Urdangarín para asentar en Barcelona la estima hacia la Corona.

Quizá entiendan ahora por qué la semana pasada, antes de la Diada, le otorgaron el Premio Príncipe de Asturias a Casillas y Xavi. Como si fueran pareja de hecho y capaces de reconvertir la rivalidad Madrid-Barça en un pacto de Estado para rescatar a España de sus inercias autodestructivas. Pero qué débil y torpe es la ejecutoria reciente de las instituciones, Jefatura del Estado incluida, para confiar sólo en el fútbol como pegamento que compacte todo lo que se descompone. Es la clase política la que está enterrando la Constitución de 1978, y en su lugar propone el salto al vacío mientras desguaza el bienestar social. Tanto en Sevilla como en Cornellá.