LA reunión celebrada el miércoles entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat de Cataluña no despeja el panorama creado por el desafío independentista planteado con inconsciencia suicida por Artur Mas, pero sí pone sobre el tapete algunas cuestiones que conviene analizar desde la perspectiva de los intereses de Andalucía. Es evidente que, aunque la consulta anunciada para el 9 de noviembre no se va a celebrar, en la entrevista de la Moncloa no se produjo el temido choque de trenes y la consiguiente ruptura de relaciones, sino que, haciendo gala de pragmatismo, tanto Mariano Rajoy como el presidente catalán optaron por dejar abiertos los puentes para abordar cuestiones que sí pueden ser negociables. Artur Mas presentó un documento en el que aborda demandas que afectan al ámbito económico, de infraestructuras, el social, el de las administraciones públicas, o el cultural y lingüístico, además de reclamar el abono de 4.000 millones de euros correspondientes a una especie de deuda histórica que, de acuerdo con el nuevo Estatut, el Estado habría acumulado en el periodo 2008-2013. Parece lógico que la Generalitat quiera sacar tajada inmediata del ambiente de tensión creado en torno a la amenaza de secesión. Andalucía, en esta situación, no debe permitir que se consagren privilegios de unos territorios sobre otros y de unos ciudadanos sobre otros. La reciente publicación de las balanzas fiscales ha venido a demostrar que no es precisamente Cataluña la comunidad autónoma peor financiada de España. El Gobierno, lógicamente, debe estar abierto a negociar con Cataluña todo lo que ésta, dentro de los límites que marca el orden constitucional, quiera poner sobre la mesa. E incluso mostrarse abierto a acceder en todo aquello que contribuya a la mejora de las condiciones de vida de los catalanes y al reforzamiento de sus señas de identidad. Pero Andalucía debe estar atenta para que no se consagre un trato de favor que iría en detrimento de nuestros propios intereses como comunidad.

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