LAS autoridades catalanas están manifestando su frustración permanente con un reiterado órdago que amenaza con un problema de alcance imprevisible. Sus manifestaciones veladas y sus actitudes inconfundibles hablan ya abiertamente de independencia y de soberanía. ¿Tiene algo que decir al respecto el Derecho Internacional Público y las Relaciones Internacionales?

En este sector jurídico no existen normas positivas escritas sobre la estatalidad, aunque su fundamento está en la existencia de estas entidades políticas llamadas estados. Por tanto, no hay compromisos escritos ni tratados que regulen el procedimiento mediante el que una entidad pueda alcanzar su independencia, más allá de si se trata de pueblos sometidos a dominación colonial u ocupación, que no es el caso.

Ahora bien, sí existe una práctica muy consolidada, con convicción jurídica de que se trata de reglas que deben ser cumplidas. Por ejemplo, la nueva entidad debe estar constituida con un territorio, una población y una organización jurídico-política. Esta organización debe contar con un monopolio de la fuerza, con un control efectivo sobre el territorio y (debería) contar con la aceptación de la población.

Además, esto debe ser viable y traducirse en la obligación de ejercer sus atribuciones soberanas, respetando y haciendo respetar el derecho de los demás estados. Es decir, el ejercicio de la soberanía frente al exterior y frente al interior. Esto basta para que una entidad proclame su independencia.

Sin embargo, a todo esto le debe seguir el reconocimiento, es decir, la aceptación de que otros estados se comprometen a mantener relaciones de cooperación. Por supuesto, esta aceptación es un instrumento político que se transforma en jurídico cuando se ha expresado, por sus consecuencias. Con ello, se descartaría que la voluntad de un loco convierta en Estado una plataforma petrolífera marina o un soñador convierta su isla privada en un nuevo Estado.

En el caso de Cataluña, se trataría de una segregación territorial de un Estado reconocido internacionalmente. En estos casos, los precedentes, salvo Kosovo, del que no dispongo de espacio para aclarar, exigen siempre el acuerdo. Nada impide que se produzca dicha segregación (ejemplo hay muchos, sobre todo en Europa). De hecho el último Estado que ha ingresado en Naciones Unidas como estado miembro, el pasado 11 de julio de 2011, ha sido Sudán del Sur, segregado de Sudán. Pero todos ellos han sido producto del acuerdo entre el Estado matriz y el nuevo Estado segregado.

Si Cataluña proclamara su independencia de forma unilateral, tendría que forjar el reconocimiento en el ámbito de las relaciones internacionales. No importa lo que digan los constitucionalistas sobre el marco interno. Ya sabemos que las revoluciones, las guerras civiles, los golpes de Estado, etc. no son materia de regulación por ninguna Constitución y si lo son, se violentan. Se trata de situaciones de hecho.

Independientemente de la posible viabilidad del Estado catalán, lo que es cuestionado por la mayoría de los economistas y politólogos, Cataluña tendría que legitimarse a través del reconocimiento de otros estados, sobre todo los estados que pueden facilitar su proyección exterior y cooperar para facilitar mercados y bienes políticos a su población. Es ahí donde se encontrará con problemas. No porque España ruegue de rodillas a los estados europeos, a Estados Unidos o a los estados de la comunidad iberoamericana que no reconozcan a Cataluña como Estado, sino porque esos mismos estados tienen también problemas internos (Escocia en Reino Unido, Córcega, en Francia, Lombardía o Cerdeña en Italia, Baviera o Brademburgo en Alemania, Santa Cruz en Bolivia, movimientos indigenistas y secesionista en toda América Latina, etc. etc.) que les impide hacer movimientos de falsas expectativas.

¿Quién va a querer romper un consenso, por una entidad de poco valor estratégico y menor valor comercial o económico? ¿Qué puede ofrecer Cataluña a la estabilidad política, tras su independencia? Nada. Esta será la clave. Y los políticos catalanes lo saben. No hay nada que impida sus expectativas, porque se trata de la ruptura del derecho. A partir de ahí, juega la política y el derecho internacional. La política no querrá resucitar viejos fantasmas de nacionalismos o segregacionismos con un nuevo pequeño Estado que no aportaría más que problemas, ad intra y ad extra. El derecho se mostraría inflexible en cuanto a la pertenencia de Cataluña a organizaciones internacionales o en cuanto al pago proporcional de las deudas. ¿Quieren los catalanes estar de espaldas a la historia y empeorar sustancialmente sus vidas?

Europa no les va a salvar. O nos salvamos todos o no nos salvaremos ninguno. Ya ha habido experiencia suficiente para saberlo. La última durante los años 90 en la ex Yugoslavia. Aprendamos de la historia, si nos duelen nuestros hijos, amigos, compañeros y conciudadanos; forcémonos en conseguir un diálogo limpio y sincero porque cualquier aventura soberanista es mala para Cataluña (y para otros), para España y para Europa. España puede y debe ser federal y solidaria. España puede y debe ser nacional, europea, universal.