ERA previsible que un gobierno que se proclama de centroderecha pero que acumula en los cajones miles de facturas pendientes de pago de los sectores más montaraces, esos que durante la era socialista salieron a la calle con delirante puntualidad a desgastar a Zapatero con consignas ultraconservadoras, se aprestara a liquidar las deudas ideológicas a la primera de cambio. ¡Son buenos pagadores! Lo que se ha dado en llamar la contrarreforma, la revisión de leyes que no complacían a la derecha carpetovetónica, ha comenzado. Anteayer nos desayunamos con dos. La restricción del aborto y la eliminación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

Empezaré por la menos trascendente. La Educación para la Ciudadanía no ha tenido apenas influjo en la escolarización. Fue sobre todo la piedra angular de un debate más o menos apasionado donde se contraponían dos formas distintas de entender la laicidad del Estado. Los socialistas impusieron con su mayoría la asignatura, y la derecha se defendió con argucias tan delirantes como exigir que se impartiera en inglés en la Comunidad Valenciana. Ahora, llegado el PP al poder, el nuevo Gobierno la ha eliminado de urgencia, como si se tratara de un elemento básico en la instrucción de la juventud. Pero no es así. Es sólo un símbolo de dos políticas contrarias que, durante su vigencia, ni ha adoctrinado a los jóvenes ni los han apartado de los criterios morales que tuvieran (si los tenían). Es mucho más grave, pero nada se hizo, que la enseñanza de la religión (de la religión dogmática, no de la historia de las religiones) se siga impartiendo en los colegios públicos en vez de en los salones parroquiales, en las mezquitas o en las sinagogas.

La restricción de la ley de aborto es un asunto más profundo por sus consecuencias sociales. El PSOE cometió el error de centrar la polémica de la ley de plazos en el derecho de las niñas a interrumpir el embarazo sin permiso paterno. No sé cuántos casos se han dado pero supongo que poquísimos. La desproporción entre el escándalo político que suscitó y su escasa utilidad práctica ha terminado por dar alas a los conservadores para planificar una legislación más restrictiva que supondrá un retroceso de más de 20 años.

La vuelta a ley de los tres supuestos es una amenaza seria al derecho a decidir sobre la maternidad. El supuesto más usado, el del riesgo para la salud mental de la madre, se convirtió en su tiempo en un inevitable coladero. A cambio de declararse neuróticas -lo que no deja de ser una humillación administrativa- las mujeres podían abortar. Mucho me temo que la nueva ley selle el coladero y fulmine la decisión libre de abortar (para ricos, pobres, derechas e izquierdas).