LAS indagaciones judiciales sobre presuntas irregularidades y corruptelas en la empresa pública Mercasevilla han rebasado su ámbito inicial al conocerse testimonios de imputados y testigos que apuntan a un nivel superior: la supuesta existencia de una trama de manejo ilícito de dinero público en la gestión de algunos expedientes de regulación de empleo (ERE). La juez que lleva el caso, Mercedes Alaya, ha ordenado investigar dos aspectos relacionados, pero diferentes, de la sospechada red delictiva. Por un lado, si la actuación de los responsables sucesivos de la Consejería de Empleo de la Junta en relación con los ERE se ha atenido estrictamente a la ley, ya que las subvenciones a los trabajadores afectados por los expedientes han sido tramitadas a través del Instituto de Fomento de Andalucía como ayudas individuales, ajenas al procedimiento reglado que exige la aprobación por parte de Empleo o del Gobierno regional en pleno. La referencia de un ex director general, Javier Guerrero, a un supuesto "fondo de reptiles" para administrar estas ayudas, que ascendería a más de 600 millones de euros en estos años, ha hecho saltar las alarmas sobre el escándalo, que ha adquirido una dimensión nacional. Por otro lado, las pesquisas policiales ordenadas por la juez permiten establecer que, al amparo de esta gestión irregular a nivel político, se han producido también actividades delictivas de intermediarios y conseguidores, que habrían llegado a falsear datos de los expedientes regulatorios y nombres de los trabajadores beneficiarios de la ayuda pública para engordar sus bolsillos particulares. Hay que esperar que las diligencias de la autoridad judicial y la Policía a sus órdenes concluyan con la apertura de uno o más sumarios que abarquen todos los aspectos del caso. Al propio tiempo, el Parlamento andaluz es la sede adecuada para esclarecer las connotaciones políticas del escándalo y depurar, en su caso, las responsabilidades a que hubiere lugar.