PARA muchos, la marcha atrás del Gobierno autonómico madrileño sobre la privatización de ciertos centros sanitarios públicos de la Comunidad ha sido una victoria de la gente, y sobre todo de la gente de la bata y la oficina en la sanidad pública. Esta visión de la jugada suele convivir con la creencia de que la clase política, una vez en el ejercicio del poder, no responde a las necesidades de los ciudadanos, y mucho menos si sus reclamaciones son livianas y muy civilizadas. Que el Gobierno del semitransparente sucesor de Esperanza Aguirre, Ignacio González, la haya envainado tiene diversas interpretaciones. Particularmente, me quedo con la oficial en este caso, aunque sea contradictoria con la sospechosa medida privatizadora anulada: "Tenemos una sanidad pública envidiable en calidad técnica y humana, mejorable en cuanto a eficiencia en el uso de los recursos y el tiempo, y vamos a intentar gestionar con criterios de eficacia y eficiencia lo que tenemos". ¿Por qué atribuimos ex ante una mejor capacidad de realizar el mismo servicio con menos dinero a contratas privadas en obligaciones públicas? ¿Por la experiencia? De acuerdo. Éste momento de escasez y zozobra es el momento de gestionar con criterios de gestión la res pública. Y no de desmontar aprovechando los trenes baratos para favorecer a grandes grupos al acecho del clientelismo público: gestionar, no maltratar ni distraer. ¿Se trata de que existen grandes lobbies que buscan el fabuloso negocio que supone licitar servicios públicos básicos, entonces? Quien suscribe opina que sí, que no se puede dar el mismo nivel de servicio pagando el beneficio extra, sobre todo cuando se tiene en lo público la capacidad.

En España suceden situaciones análogas en las dos prestaciones públicas esenciales, la sanidad y la educación. Prosigamos primero con la sanidad. Digamos que existen tres niveles de servicio. En la cumbre, la elite de riguroso pago y con excelentes medios, que asiste a un porcentaje mínimo de la población. Tras esa minoritaria cúspide, encontramos una sanidad pública que puede codearse con cualquiera del mejor primer mundo, en cualquier tipo de atención y especialidad médica. En un tercer peldaño, tenemos una salud de pago modesto que nos ofrece -en algunos casos, nos ofrecía- rapidez, comodidad, intimidad, a cambio de menor fiabilidad y pericia técnica que la sanidad pública, a la que se acude para patologías u operaciones realmente graves.

En el sistema nacional de educación, compuesto por oferta pública y privada, también tenemos un primer y escogido grupo de instituciones excelentes privadas, particularmente escuelas de negocio y algunas instituciones de origen religioso de gran prestigio, acompañadas en esa liga premium por algunos colegios, universidades e institutos especializados públicos. Después, a bastante distancia, está el sistema público, con no pocos colegios públicos y concertados (éstos a la postre viven por los fondos públicos, son en ese sentido públicos, porque no subsistirían la mayoría con precios altos, y que no se me enfaden en los colegios de mis hijos). Este segundo escalón contiene una oferta desigual, pero decente, al menos al mismo nivel de decencia de nuestros empleadores, aunque sea objeto de todos los desprecios privadistas. Ahí también está la universidad pública española, al menos en términos medios. El tercer y último escalón es dual: por un lado, tenemos una enseñanza pública residual, en algunos casos casi de gueto, de la que el que puede, huye; por otro, una enseñanza privada de baja exigencia y mucho maquillaje y autobombo, cara y exclusiva, que es negocio -y muy bien que está que lo sea-, y que ofrece buenos contactos y relaciones, por tanto, mayor probabilidad de empleabilidad futura.