Sevilla acogió esta semana la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el órgano establecido para coordinar las políticas sanitarias entre el Ministerio y las distintas consejerías del ramo de las administraciones autonómicas. En realidad, en Sevilla sólo estuvieron los ministros Salvador Illa, titular de Sanidad, y Carolina Darias, que lleva la cartera de Política Territorial y que apunta a sustituir al primero cuando finalmente renuncie para ser sólo candidato socialista a la Generalitat, además de los representantes del Gobierno andaluz, lógicamente. El resto asistió telemáticamente, en consonancia con las nuevas formas que ha impuesto la pandemia.

En ese consejo, una mayoría de comunidades autónomas pidieron al Gobierno que modifique el estado de alarma que está vigente para dar instrumentos legales para poder ampliar el toque de queda a las 20:00. El decreto lo fija a las 23:00 pero da un margen de anticipar o retrasar una hora el comienzo de la limitación a la movilidad. Ni que fueran mayoría, ni que la población que representaban los consejeros supusiese más de dos tercios de los españoles le valió al Gobierno central para atender la petición. No se movió de la intención de estudiarlo. Esto es, lo mismo que antes de la reunión.

Más que el hecho en sí de ceder o no para que el toque de queda se anticipe (en el caso de Andalucía con los comercios y bares cerrados a las 18:00, el grueso de la población de marcha a casa poco después), lo que refleja lo ocurrido en Sevilla es que el Gobierno no se aclara con la cogobernanza.

En la primera ola, pésimamente gestionada, las autonomías se quejaron de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no escuchaba, actuaba por decreto se le dijese lo que se le dijese. Fue tanto el desgaste que cuando se levantó el primer estado de alarma, el presidente proclamó que era el momento de la cogobernanza. Una forma pomposa de decir que trasladaba ese desgaste a las autonomías. Repartir las culpas, en definitiva.

Tanto la segunda oleada de contagios como la tercera actual, aún más alarmante, la pauta ha sido no tomar medidas nacionales, que sería lo adecuado. Eso generó por ejemplo el caos de 17 Navidades con restricciones dispares, un desbarajuste que explica en parte la alarmante virulencia que vivimos. Y cuando son las autonomías las que piden medidas más restrictivas, el Gobierno se hace el sueco por interés político, porque si puso un estado de alarma tan extenso fue para no tener que recabar apoyo parlamentario. ¿Cogobernanza? Parece más una nueva mentira.