SERÍA prudente que los alcaldes del PP de los municipios españoles rechazaran cortésmente la pedrea que les ha correspondido de los 8.000 millones destinados por el Gobierno a fomentar la obra pública porque, como ha dicho Mariano Rajoy y ha refrendado Javier Arenas con razón, no van a detener el descenso del desempleo ni, por su puesto, van a estimular de forma sensible al malogrado sector inmobiliario? Si no prudente sí, al menos, sería una actitud coherente, pues aceptar la transferencia del Estado convierte a cualquier ayuntamiento en cómplice necesario del plan de Zapatero. ¿Y por qué los incrédulos se van a convertir en compinches de un plan no sólo inoperante sino abiertamente publicitario de la gestión socialista? No tienen por qué y, además, hay ejemplos cercanos de colectivos que han preferido renunciar a los beneficios particulares con tal de salvar sus convicciones, como el de los docentes andaluces, que se han resistido a colaborar con el plan de calidad de la enseñanza porque creen que es una suerte de soborno.

¿Es un soborno a los ayuntamientos la inversión de 8.000 millones de euros en los municipios españoles para fomentar el empleo? Bueno, el PP no ha ido tan lejos y ha preferido llamar al plan una "aspirina" o incluso, haciendo uso una vez más del tópico al que nos hemos referido en otros comentarios, una "cortina de humo". Sin embargo, podemos adelantar que la actitud de los ayuntamientos (los del PP y los del resto de los partidos) va a ser receptiva y colaboradora, y van a presentar en los próximos meses todas las iniciativas precisas para agotar las ayudas ofrecidas. Ganará, por supuesto, la sinrazón del sentido común.

Sería descabellado que un ayuntamiento, por una simple cuestión de coherencia o por un insensato empeño en la objeción de conciencia política, dejara pasar unas ayudas que, en muchos casos, y a la vista de los amplios recortes de los ingresos municipales, equivalen a duplicar la partida de las inversiones. Y por descontado nadie entendería que una administración se negara a crear unos cuantos puestos de trabajo, insuficientes, desde luego, pero útiles a la comunidad.

Aunque el intríngulis que hemos planteado puede resultar simplón revela el colchón de hipocresía que subyace en las posturas partidistas respecto a las salidas para la crisis. La oposición las desaprueba, pero, al mismo tiempo, las toma y no explica con detalle cuál es la alternativa porque seguramente sería una alternativa antipática: crear nuevos contratos a costa de degradar las condiciones laborales. Y el Gobierno, sobrepasado por el alud de parados que se despeñan día a día desde el bienestar a los infiernos, sólo puede aliviar su impotencia incrementado un déficit que, cuando retorne la normalidad, habrá que engordar aumentando los impuestos.