EL pulso continuo para convertir la naturaleza más hermosa en territorio no habitado por el ser humano o en espacio colonizado por el cemento, vive otro episodio controvertido en Andalucía. El Gobierno autonómico quiere eliminar el control del permiso previo para construir una casa en los terrenos de los 24 parques naturales de la región. Antes de entrar en digresiones sobre qué es el desarrollo sostenible de esas comarcas a juicio de los alcaldes o de los ecologistas, sugiero a la Consejería de Medio Ambiente, de la que depende el plan de extinción de incendios forestales, que explique cómo garantizará la seguridad de los habitantes de esas casas tan privilegiadas (por aisladas) enclavadas en parajes tan repletos de árboles y arbustos. Bajo una normativa que en principio sólo vale para erigir casas de apero y labranza, el coladero está servido para construir chalés de hasta 600 metros cuadrados. Y no vale acordarse de Santa Bárbara cuando truena. Ya sean incendios de rayos o de pirómanos, cuando hay viento el fuego se propaga en cuestión de minutos. Y el parque natural, sin avisar, se convierte en una trampa natural.

Suprimir controles para autorizar la edificación en un parque natural es lo más parecido a igualar esos parajes con los sometidos a la barahúnda de urbanizaciones ilegales que ahora comienzan a ser cercadas por la autoridad. Las fincas privadas son también un bien público en el que uno no puede hacer todo lo que le venga en gana cuando forman parte de una zona de especial valor medioambiental.

El proceso es el de siempre. Primero se construyen las casas. Después se justifica la necesidad de asfaltar los caminos rurales, y a continuación los servicios a esos núcleos de viviendas para no desampararlos. Lo pagamos entre todos y sólo lo disfrutan unos cuantos. Es el camino más natural para convertir las sierras en parques residenciales.