LA aduana del puerto de Sevilla ha sido el principal coladero español del adulterado aceite de girasol ucraniano. De los veinte lotes contaminados, trece entraron por el Guadalquivir, tres por Bilbao, dos por Málaga y otros tantos por Barcelona. Para mejorar los controles, no habría que esperar a que un episodio de alarma como éste tenga ribetes funestos. El aumento del comercio internacional de mercancías, por la deslocalización de cualquier producción de bienes, apremia a reforzar las medidas de inspección en una globalización donde la libertad y velocidad de movimientos priman sobre la seguridad y la calidad.

Ha de reformarse la normativa de la Unión Europea, pues establece que en las aduanas se revise el cinco por ciento de las partidas de cada producto alimenticio. A buen seguro, si se acumula en estadísticas anuales, ese porcentaje tan exiguo depara millones de toneladas en cualquier puerto de gran calado. Pero da que pensar sobre las probabilidades de que en el noventa y cinco por ciento restante de la carga no se detecte cualquier amenaza por fraude o negligencia. Por no hablar del narcotráfico.

El año pasado saltaron por dos veces las alarmas ante la entrada de productos dañinos procedentes de China que antes nunca hubieran arribado a nuestra tierra desde el gigante asiático: pasta dentífrica de marca falsificada y juguetes hechos con plástico que podría generar toxicidad en los niños. Antes no había bazares chinos como escaparate y coladero de estos productos, en cuya elaboración se monta una cadena de subcontratas que burla cualquier intento de homologar en el país de origen los procesos de calidad que el consumidor del país de destino sobreentiende que poseen esos objetos antes made in Spain.

El capitalismo ortodoxo ha de admitir que, a menor carga de trabajo primario, mayor carga de trabajo en las aduanas para no acabar muriendo de éxito importador.