LOS altos responsables de los gobiernos nacional y andaluz, de la judicatura y las corporaciones locales y de los agentes sociales quisieron solemnizar con su presencia y su firma el compromiso de todos por aumentar la eficacia de la lucha contra la violencia de género, esa lacra que ha costado la vida en lo que va de año a cinco mujeres de Andalucía y 24 del resto de España. Lo hicieron, en un acto encabezado por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, suscribiendo un procedimiento de coordinación y cooperación institucional para la mejora en la actuación ante la violencia de género en Andalucía. Es apenas un instrumento práctico, pero revelador de una voluntad firme y decidida: la de hacer más eficientes los medios de que dispone la comunidad autónoma para la detección, prevención de las agresiones de que son víctimas las mujeres andaluzas por el hecho de serlo y a consecuencia del machismo que no termina de ser erradicado tampoco en esta región. El protocolo firmado trata de mejorar la respuesta de las administraciones y la sociedad frente a cualquier caso de violencia doméstica. Persigue, por un lado, incrementar la cohesión de las medidas jurídicas y los instrumentos materiales disponibles para afrontar esta lucha, y por otro, facilitar las denuncias de las víctimas y de su entorno, permitiendo actuaciones más directas, coordinadas e inmediatas. El documento presenta algunas innovaciones, como la consideración de víctimas directas de la violencia a los menores afectados por la violencia contra sus madres y la mayor intervención en los episodios de agresión de los agentes sociales cuando se producen en el ámbito laboral y de la Consejería de Educación cuando se detectan casos a través de los escolares. Solamente en Andalucía se formularon el año pasado 27.000 denuncias de acciones de violencia contra la mujer. Se trata de coordinarse para que estas denuncias lleguen hasta sus últimas consecuencias y hacer todo lo posible porque ninguna mujer agredida termine retirando la denuncia o perdonando a su agresor por miedo o por no sentirse suficientemente respaldada y protegida por las instituciones. El protocolo de coordinación viene a actualizar y completar los mecanismos ya recogidos en la ley integral contra la violencia de género, que ha supuesto un salto cualitativo en el combate de la sociedad contra este tipo de violencia habitualmente brutal. Las raíces de la violencia contra la mujer son profundas e históricas y no se erradicarán a corto plazo, pero todo lo que hagan las autoridades para atajarla ha de ser bien recibido. Una sociedad avanzada no puede permitirse convivir con este drama cotidiano claramente inaceptable.