ERA de ingenuos esperar otra cosa. La comisión parlamentaria que investiga el escándalo de los ERE apunta ya, aun inconclusa, el resultado previsible. Entre la negativa de muchos de los comparecientes a contar lo que saben -la razón es sencilla: les perjudicaría- y la determinación de los grupos parlamentarios a mantener sus pre-juicios sin permitir que ningún hecho, testimonio o documento les estropee sus posiciones previas, la comisión estaba condenada a no averiguar nada que no supiéramos y a no delimitar las responsabilidades políticas derivadas del caso, que era su objetivo primigenio.

Es un problema general de España, no de Andalucía. Al contrario que otras naciones, la democracia española tiene irresuelto el papel de las comisiones parlamentarias de investigación. Aquí funcionan con un partidismo extremo, a lo que ayudan tanto la cultura política realmente existente como el propio sistema institucional-electoral. Y es que quienes las integran no son personalidades designadas por su prestigio o su conocimiento del asunto a investigar, sino diputados de cada partido que deben su carrera, y su futuro, a los aparatos que los designan para ocupar sus escaños y no a los ciudadanos que les votan sólo indirectamente.

Entre la búsqueda sincera e insobornable de la verdad de lo investigado y la sumisión a las directrices del partido que lo nombra ningún comisionado duda: seguirá esas directrices, lo que equivale a decir que, en el transcurso de los trabajos de la comisión, defenderá todo lo que refuerce las conclusiones prefiguradas por su organización y eludirá todo lo que las debilite. De este modo una comisión parlamentaria española no investiga nada: dictamina por mayoría. Sencillamente, el grupo o los grupos que ostentan la mayoría impondrán su verdad. Son los votos los que deciden, no el trabajo individual o colectivo, la capacidad o el tesón de los diputados miembros.

En este sentido la aritmética parlamentaria ha concedido a Izquierda Unida -pero no ahora, sino en marzo- el poder de inclinar la balanza sobre las conclusiones de la comisión parlamentaria. Creo que no la decantará completamente ni a favor del PSOE ni a favor del PP. Para los socialistas, el caso de los ERE no es ni siquiera caso, sólo el aprovechamiento indebido de un procedimiento, legal en sí mismo, de reparto de fondos públicos por unos individuos sin escrúpulos; para los populares, una trama planificada y ejecutada por consejeros de la Junta y consentida por sus dos presidentes últimos para beneficiar a familiares, amigos y clientes del socialismo en el poder. Me huelo que IU no salvará políticamente ni a Fernández ni a Viera, pero sí a Chaves y Griñán. Seguro que eso ya lo podían haber decidido antes de que se creara la comisión.