EN las discusiones electorales, donde cualquier posibilismo está abierto, lo que pueden hacer las Administraciones Públicas mejorando su propia eficiencia, a favor de la empresa, ni siquiera se plantea. La verdad es que las variables claves de la economía no están en manos de los gobiernos: ni los tipos de interés, ni el tipo de cambio, ni la liquidez de la economía, ni el precio de las materias primas y los alimentos que se trasladan a la cesta de la compra, ni las decisiones de invertir o no que se toman en la economía y mercados financieros globales.

Sin embargo, sí hay un ámbito de actuación del Gobierno en relación con la empresa que la pasada semana tuvimos ocasión de oír en dos conferencias. Una, del profesor Amadeo Petitbó, que fue presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, trató sobre cómo el fomento de la competencia por parte de la Administración favorece la competitividad empresarial, y con ello la reducción de precios, el aumento de la producción y el empleo y la innovación. Hay situaciones empresariales que pueden mantenerse temporalmente protegidas, pero a la larga la competencia se impone. La otra aportación al tema nos vino de Javier Gómez-Navarro, presidente del Consejo Superior de Cámaras, también sobre el papel de las Administraciones en la competitividad de la empresa.

Aquí, el campo de actuación y las posibilidades de desarrollar una política económica activa son amplias. Un ámbito fundamental es el fiscal y la seguridad social buscando figuras fiscales que no supongan un impuesto sobre la utilización del factor trabajo, quitando incentivos al empleo; otro, los servicios públicos, la disponibilidad de energía, las comunicaciones y trasportes, enfocados hacia la actividad empresarial; y, en tercer lugar, una política de suministros de materias primas y productos necesarios para la actividad productiva, que supone una gestión dentro de la Unión Europea y un posicionamiento en relación con los países que venden esas materias primas. Desde este enfoque, la política de inmigración tiene también una gran importancia para la competitividad.

Hay otras políticas que resultan vitales como son el papel de la Administración coordinando la investigación universitaria con la empresa y facilitando el encuentro de ambas. Pero, sobre todo, es en la propia mejora de la Administración donde la empresa puede encontrar ventajas de productividad. Estas mejoras incluyen las tramitaciones burocráticas, la coordinación de las administraciones central, autonómica y local, la consideración del coste de las leyes para la empresa, la eficacia en la justicia, la utilización de tecnologías informáticas e internet para la realización total de trámites, de forma tal que no genere frustración en los usuarios.

Este compromiso de calidad de la Administración Pública no lo veo en las intervenciones actuales, y si queremos introducir competencia para ganar productividad, necesitamos al mismo tiempo facilitar que las empresas sean competitivas para que puedan competir. El desarrollo de los puntos que simplemente hemos enumerado podrían ser una parte significativa de un programa electoral.