UNO de los instrumentos de política económica que, recurrentemente, ha sido utilizado durante las tres últimas décadas en España ha sido la concertación social. Los acuerdos que alcanzan gobiernos, sindicatos y empresarios para salir más rápidamente de una crisis han recogido habitualmente el crecimiento de los salarios para el ejercicio corriente, ayudas a las empresas en crisis y compromisos por parte de las administraciones de incrementos del gasto público. El mecanismo ha sido utilizado tanto por el gobierno central como por algunos autonómicos; especialmente profuso ha sido en Andalucía.

La previsible utilización de este mecanismo en la actual crisis económica presenta, sin embargo, riesgos de los que carecía el entorno económico en el que se ha utilizado con anterioridad. Uno primero y fundamental, es que ya no podemos devaluar nuestra moneda porque es compartida por otros países de la UE. Las decisiones que adopta el BCE tienen en cuenta las circunstancias del conjunto de la zona euro, no sólo las de España. Y es que uno de los efectos de esos acuerdos a tres partes ha sido, en el corto plazo, el impulso de la actividad, pero en el medio plazo una pérdida generalizada de la capacidad competitiva y una devaluación posterior de la antigua peseta.

Existen otras variables que afectan negativamente a la actual situación y cuyo comportamiento también difiere de épocas pasadas. En las dos crisis anteriores (principios de los 80 y de los 90) la productividad crecía a ritmos superiores al dos por ciento; en la actualidad no llega al uno. Esas diferencias ejercen un impacto muy diferente sobre el ritmo de crecimiento de los costes de las empresas y, en una época en la que la demanda empieza a agotarse, sobre las cuentas de resultados y la supervivencia misma de muchas de ellas.

La concertación social que eventualmente se lleve a cabo no debería ignorar los parámetros en los que se encuentran hoy las economías española y andaluza. Un incremento indiscriminado del gasto público, subvenciones a las empresas -difíciles de controlar- y subidas salariales que intenten mantener la capacidad adquisitiva de los empleados, conducirían a un escenario mucho peor e insostenible a corto plazo. Porque en un área económica integrada en donde se comparte la misma moneda y en un mundo en donde la competencia proviene de todas las geografías, preservar la capacidad competitiva resulta clave para mantener tasas de crecimiento elevadas y sostenibles que generen riqueza y empleo.

El petróleo ha triplicado su precio desde principios del pasado año. Ignorar lo que esto representa -una transferencia masiva de renta a los países productores- es adoptar la táctica del avestruz. No podemos con nuestros propios recursos y adoptando políticas internas soslayar este hecho.

El público y los medios se sienten satisfechos cuando se producen los acuerdos entre las tres partes implicadas. También los protagonistas, porque constatan que algunas de las convicciones que forman parte de sus vidas suceden en la realidad, reconfortándoles. Pero en la actual coyuntura económica, nada sería más falso que lo aparente.