Hace una década se nos llenó la boca de transparencia y gobierno abierto. Era una herencia que dejó el Gobierno de Zapatero, que además de ensanchar libertades y derechos civiles, marcó la idea de que otra administración pública era posible, al calor del estallido del 15-M y la puesta en cuestión de la representatividad política. Fue una moda (ojalá resulte desacertado llamarla así) muy saludable que llenó la boca de los próceres y que nos llevó a leyes sobre transparencia que tan importantes son para que la democracia se mejore a sí misma. La diferencia entre la democracia y los sistemas totalitarios, grosso modo, es que no pretende ser un paraíso finalista sino, puro Voltaire, el mejor de los mundos posibles, con vocación de controlar poderes, garantizar la convivencia y mantener el equilibrio entre libertad e igualdad. Las ideologías de quienes resultan elegidos marca si la balanza cae de un lado o de otro, ya saben la línea entre derechos y privilegios. De aquel tiempo -no lejano, aunque a veces lo parece- hemos heredado la obligación de los gobiernos de publicar decisiones y cuentas -sobre todo cuentas- en portales telemáticos y mediante organismos manifiestamente mejorables pero que vinieron para quedarse. Daba hasta ternura oír a ministros o concejales hablar de open gobernment con la soltura de haber cursado un máster de José Luis Osuna, el abanderado de la evaluación de políticas públicas. Otro concepto guardado en el armario. Y de esos años, precisamente, nació una experiencia verdaderamente edificante: los concursos de méritos para ocupar determinados puestos de la Administración, cargos de responsabilidad a caballo entre una determinada política (sanitaria, cultural, fiscal) y la capacitación profesional. Se trataba de convertir en algo regulado el acierto de casos como el del célebre doctor Matesanz, creador y director de la Organización Nacional de Trasplantes, superviviente de gobiernos de todos los colores o el de Miguel Zugaza, director de El Prado hasta que voluntariamente dejó el cargo. En Andalucía y en cultura fueron nombrados por ese procedimiento el actual director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y los directores del Centro Andaluz de las Letras y el de Fotografía. Los dos últimos cayeron de forma fulminante, no sin escándalo. Del CAL acaban de cesar a la muy brillante directora Eva Díaz Pérez (que rozó el 10 en la presentación concursal de su proyecto) sin más explicación que la del cambio del titular de la desaparecida y diluida Consejería de Cultura. Vaya. Y se anuncia otro concurso. Vale. Que le quiten entonces el apellido, "de méritos" y, vista la arbitrariedad fragrante, lo muten en concurso a secas, tipo Un dos tres o La rueda de la fortuna. Será igual de injusto, pero nos reiremos con motivo real.