El Gobierno central ha puesto en pie de guerra al sector agrario andaluz -a sus principales organizaciones-, y al propio Ejecutivo autonómico, al acelerar la convergencia entre el modelo que se aplicaba en el reparto de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y el que entrará en vigor a partir de 2023.

El frontal rechazo se justifica en que, sin exigirlo Europa -ni nadie-, el Ministerio que dirige Luis Planas, que no olvidemos que es ex diputado por Córdoba -dimitió como todos los ministros por petición del presidente Pedro Sánchez al poco de ser elegido- y fue consejero de Agricultura en la Junta de Andalucía, toma una decisión que provocará que la comunidad autónoma salga muy perjudicada en beneficio de otros territorios.

Si el fondo de la cuestión del real decreto que impone una transición acelerada es, por tanto, muy discutible y poco acertado, de lo que no hay duda es que sobre todo es inoportuna. ¿De verdad que en medio de una recesión es el momento de provocar una merma en los ingresos de un sector tan relevante para Andalucía como la agricultura y la ganadería? ¿Es que el Gobierno de España no es consciente de que, aunque soporten mejor la caída de actividad que impone la pandemia, también ven afectadas sus ventas por el descenso de éstas en el canal para establecimientos de hostelería?

Sólo la confrontación política explica un desatino así, por más que se apele falsamente a la igualdad. La postura del PSOE-A defendiendo la reforma por decreto lo corrobora.

Es curioso que los socialistas, que viven en la oposición en Andalucía como un pulpo en un garaje, estén reprochando todo el tiempo al Gobierno actual de la Junta que confronte con el central. Ellos, que inventaron esa política y que sacaron réditos electorales durante años. Y que la siguen aplicando. Como han demostrado con una presión incomprensible para el interés regional en el conflicto de Abengoa o ahora con la PAC. Por citar sólo dos ejemplos cercanos y sangrantes.

El sector agrario y ganadero está dispuesto a movilizarse. Porque se juega mucho si no para esta reforma injusta. No ya en 2021 y 2022, sino porque dejará a Andalucía en peor situación cuando llegue la aplicación de la reformada PAC. Un sector que ya está castigado y que estaba montado en el tractor cuando se inició la pandemia. El Gobierno andaluz va a hacer de esta cuestión, acertadamente, una causa permanente de reclamación. Porque no es de recibo que se ataque a una actividad que ha invertido mucho y bien para crecer e internacionalizarse y que ha ayudado a que la crisis sea menos lesiva en Andalucía.