SE ha escrito mucho, como era de esperar, sobre la sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de junio de 2010, pero es conveniente reflexionar sobre las consecuencias que para las demás comunidades y, por supuesto para Cataluña, tendrá dicha sentencia. Por lo pronto las demás comunidades autónomas ya saben cuales son los límites de constitucionalidad a la hora de modificar sus estatutos. Especialmente el País Vasco y Galicia que, junto a Cataluña, eran las llamadas comunidades históricas, según la Constitución de 1978 y que todavía no han modificado sus estatutos. El País Vasco porque el Congreso de los Diputados acertadamente no admitió a trámite el plan Ibarretxe y Galicia porque en el Gobierno del PSOE y el BNG insistían en que en la modificación debía figurar la definición de Galicia como nación. Se da la circunstancia de que en la actualidad en el País Vasco gobierna el Partido Socialista de Euskadi con el apoyo del PP y en Galicia el PP con mayoría absoluta.

Una consecuencia inesperada de la sentencia es la propuesta de Montilla, presidente de la Generalitat, bien acogida por el Presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero, de promulgar leyes que salven aquellas normas del Estatut que han sido declaradas inconstitucionales por la sentencia del Tribunal Constitucional. Resulta difícil de comprender tal intención en un Estado de Derecho y difícil de realizar, ya que la elaboración de las leyes han de pasar por trámites que constituirán obstáculos insalvables para tal iniciativa. Si lo que ahora pretende obtenerse por leyes son los artículos anulados por la sentencia, no era necesario el Estatut y si han sido declarados inconstitucionales, difícilmente podrán legalizarse por leyes.

Otra consecuencia importante de la sentencia es la de las comunidades autónomas que, como Andalucía, contienen en sus estatutos preceptos iguales o semejantes a los del Estatut, declarados inconstitucionales por la sentencia del Tribunal Constitucional. Ciertamente que tales artículos no son directamente nulos, porque no fueron recurridos ante dicho Tribunal y los efectos de la sentencia no pueden afectar directamente a dichos artículos. Sin embargo, en cualquier pleito en que se invoquen, el órgano judicial puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Lo mejor sería que la propia Junta de Andalucía, sin necesidad de seguir el proceso de reforma del Estatuto, adaptara dichos artículos a la doctrina sentada por la sentencia del Tribunal Constitucional y ello por ley del Parlamento Andaluz.

La sentencia que comentamos del Tribunal Constitucional es interpretativa, ya que para no declarar la inconstitucionalidad de veintitrés artículos y tres disposiciones adicionales establece como han de interpretarse. Ello crea inseguridad jurídica porque en las nuevas ediciones oficiales y privadas del Estatut, habrá que incluir íntegros tales artículos y disposiciones con la interpretación de los mismos, dada por la sentencia del Tribunal Constitucional.

Una cuestión que se ha planteado es la de si en los próximos Presupuestos Generales del Estado, éste viene obligado a incluir en inversiones en infraestructura para Cataluña, el porcentaje del PIB que establece el Estatut y el porcentaje de población que establece el Estatuto de Andalucía. La sentencia del Tribunal Constitucional interpreta que los estatutos de autonomía no pueden obligar a las Cortes Generales a consignar porcentajes de inversión en materias de la competencia del Estado, a favor de las respectivas Comunidades Autónomas. En mi opinión el Estado, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, no está obligado a consignar tales porcentajes de inversión en los Presupuestos Generales para el año 2011.

Lo que se desprende de todo esto y de la historia es si el problema de Cataluña tiene solución. Si el Estado le reconoce todo lo que los políticos más radicales pretenden, no se habría resuelto el problema porque las demás comunidades autónomas manifestarían su disconformidad. Si se les reconoce todo lo que permanece tras la sentencia del Tribunal Constitucional, que es el sistema autonómico más amplio que han tenido jamás, organizan los políticos y parte de la sociedad una gran manifestación contra dicha sentencia en la que el Tribunal Constitucional ha hecho grandes esfuerzos para reducir al mínimo, la inconstitucionalidad del Estatut. Si pretenden la independencia creo que la mayoría de los catalanes se opondrían, aunque leo que el porcentaje de independentistas ha aumentado con los últimos acontecimientos y por supuesto se opondrían mayoritariamente los demás españoles. Ya lo dijo Ortega y Gasset en 1932, con Cataluña hay que conllevarse.