ESPAÑA se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria". Son los tres primeros artículos del Título Preliminar de la Constitución que los españoles ratificaron el 6 de diciembre de 1978 y el Rey firmó el día 27. Tres años después de la muerte del dictador y de la proclamación de don Juan Carlos como Jefe del Estado; y un año después de la autoliquidación del Régimen con la aprobación de la Ley de Reforma Política, el decreto ley del 8 de febrero y las elecciones del 17 de junio, se procedió a la redacción de la Constitución que fue aprobada en una sesión conjunta de las Cortes y el Senado en octubre de 1978. El uno de marzo de 1979 se celebraron las primeras elecciones generales constitucionales. Culminaba el primer y más difícil tramo de esa obra maestra de ingeniería política que fue la Transición. El segundo culminó con el fracaso del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y las elecciones de 1982.

Desde entonces la Constitución ha cumplido su objetivo de "garantizar la convivencia democrática" y "consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la Ley como expresión de la voluntad popular".

Hasta que la insolidaridad nacionalista y la torpeza de Zapatero la sometieron a la presión de la reforma de los Estatutos de Autonomía.

En estos últimos años la debilidad del Gobierno de España frente a los virreinatos periféricos y el tono bajo -bajísimo- de los políticos y la política española acosan la Constitución que nos ha garantizado el más largo período de paz, democracia y bienestar de nuestra historia.

Baste como ejemplo de baja política la reacción de los partidos mayoritarios ante la huelga de los controladores. "El PP, una vez más, ha sido incapaz de renunciar a sus bajunas tácticas electoralistas mientras más de medio millón de personas permanecían atrapadas en los aeropuertos españoles", editorializaba un medio progubernamental. Y tenía razón. Pero sólo a medias. Olvidaba que lo mismo podría decirse del PSOE que, vía Gaspar Zarrías, no desaprovechó la ocasión de sumar a esas tácticas de bajo electoralismo la utilización miserable de la calumnia, culpando al PP de ser la mano que meció la cuna de la huelga salvaje que tanto ha perjudicado a cientos de miles de españoles y a la economía nacional en su momento más crítico en muchos años.