LAS recientes medidas aprobadas para la reforma del mercado laboral, según se recoge en su Exposición de Motivos en el BOE, fomentan la flexibilidad para el empresario en la organización del trabajo y la seguridad para el trabajador; esto es, la flexiseguridad. Se trata de dos caras de una misma moneda de la que se puedan beneficiar empleador y empleado.

Las buenas intenciones que propone la reforma laboral se ven reflejadas en el ámbito cooperativo de trabajo por dos motivos. Uno de ellos es la dualidad de roles que se produce, ya que el socio es la vez trabajador. Se trata de una circunstancia que, en el marco de este real decreto-ley, obliga de alguna manera a que los rectores de la empresa suscriban efectivamente esa flexiseguridad con el objetivo último de asegurar la supervivencia de la empresa.

De hecho, los socios de las cooperativas deciden abogar en muchas ocasiones por una flexibilidad que, con el tiempo, revierte en la estabilidad de la empresa y, por lo tanto, en la seguridad del mantenimiento y crecimiento de sus propios puestos de trabajo. Este es, precisamente, el segundo motivo por el que estas sociedades son un buen ejemplo de la propuesta práctica de la reforma laboral.

El novedoso concepto que se promueve en estas medidas ha constituido desde siempre la principal fuerza de las cooperativas. La adaptabilidad ha permitido que el nivel de supervivencia de esta fórmula jurídica sea, junto al conjunto de la Economía Social, mucho más elevado que en el resto de sociedades. Las cifras económicas que periódicamente difunden el Ministerio de Empleo y los centros estadísticos así lo atestiguan continuamente. Como muestra de ello, en el último trimestre de 2011 las cooperativas andaluzas crearon 8.834 nuevos puestos de trabajo. Una época en la que nuestra región ha alcanzado tasas de paro por encima del 30%. Actualmente, en Andalucía hay 4.300 cooperativas que dan trabajo de calidad, duradero y estable, a más de 55.700 personas, lo que nos sitúa como la Comunidad Autónoma líder en ambos aspectos.

Aunque la propuesta teórica del real decreto-ley de la reforma laboral apuesta por la flexiseguridad, la concreción práctica del mismo se centra en gran medida en la flexibilidad que debe aportar el trabajador y no tanto en la seguridad que le devuelve la empresa. En este escenario no se podrá conseguir que tanto los esfuerzos como los beneficios sean de ida y vuelta, lo que influye en la merma de la confianza por parte del empleado. Este ve cómo se le exige más, e incluso comprende que en estos momentos es importante arrimar el hombro, pero no percibe que después vaya a encontrar contraprestación alguna y aquí nace, lógicamente, su frustración con esta reforma.

Sin embargo, cuando mejore la situación económica gracias a la flexibilidad que ahora se propugna, ¿continuará existiendo el desequilibrio entre ésta y la seguridad, o se revertirá en beneficio de los trabajadores? Y, si la contestación es positiva, ¿dónde se estipulan las contraprestaciones de las empresas de una manera obligada y articulada para garantizar la seguridad de los trabajadores, de igual forma que se hace con aquellas que garantizan la flexibilidad? Las respuestas a estas preguntas son el aspecto clave, a mi juicio, para valorar convenientemente la reforma laboral.

Las cooperativas tenemos, en este sentido, un papel importante de cara a la sociedad, ya que somos nosotros quienes podemos exigir, de igual a igual, al tejido empresarial para que se articulen una serie de medidas que ofrezcan seguridad hacia los trabajadores a los que se solicitan una buena dosis de flexibilidad. No cejaremos en el empeño de velar por el bienestar de la economía y, por supuesto, de las personas que la sustentan, aportando valores como la igualdad de género, la gestión democrática, la conciliación de la vida laboral con la familiar o la estabilidad en el puesto de trabajo.

En este sentido, hemos recibido dos importantes impulsos de cara al año 2012, que nos permitirán seguir siendo un referente en la creación de empleo y en la flexiseguridad que he comentado anteriormente. La aprobación de la Ley de Sociedades Cooperativas por parte del Parlamento de Andalucía sigue la práctica totalidad de aportaciones que han realizado las propias empresas y que se han canalizado a través de Faecta. Con la nueva Ley se conseguirá mejorar nuestra competitividad y, con ello, la riqueza económica y social de Andalucía. Por todo ello, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas ha declarado 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas. Esto implica el reconocimiento de esta fórmula como un factor indispensable para mejorar la calidad de vida de los pueblos y dotar de mayor eficiencia a la economía de las naciones.