DICE el CIS que ha crecido el grado de preocupación de los españoles respecto a la corrupción, que creen generalizada. Se comprende, en los últimos tiempos es raro el día en el que no se descubre un nuevo caso que obligue a llevarse las manos a la cabeza; y aunque se puede hacer una lectura positiva del asunto, porque significa que ahora existe voluntad política de entrar en las cloacas, en todas sin distinción, caiga quien caiga, lo cierto es que la percepción de un alto porcentaje de los ciudadanos es que hay más corrupción que nunca. Cuando el hecho evidente es que la mayoría de los asuntos que hoy nos avergüenzan pertenecen a tiempos pasados, a varios años atrás.

Un informe judicial precisamente acaba de llegar a la conclusión de que las cuentas con las que Bankia salió a Bolsa estaban "maquilladas", eufemismo con el que se pretende suavizar el hecho de que las cuentas estaban manipuladas, instrumentalizadas, para conseguir que la salida a Bolsa se hiciera en mejores circunstancias que si las cuentas se presentaran con toda su crudeza. Llueve sobre mojado, algunos de los directivos que estaban entonces al frente de la entidad se encuentran inmersos en el turbio caso de las tarjetas black que provocaron tanto escándalo -lógico- hace poco más de un mes.

Y coincide el barómetro del CIS con un caso infinitamente menor que el de Bankia, pero que insiste en que la corrupción o la picaresca está a la orden del día: Íñigo Errejón, uno de los dirigentes de Podemos, ha sido suspendido de empleo y sueldo por la Universidad de Málaga por no cumplir con los términos de la beca que le había concedido un profesor amigo. Caso menor que ha provocado que en Podemos acusen a diversos medios de emprender una "caza" contra un partido que puede ser una amenaza para el bipartidismo. No es esa la razón de que se destapen casos de corruptelas; es que indigna que intenten ocultarlo quienes enarbolan permanentemente la bandera de la decencia frente a los corruptos.

Hoy el Consejo de Ministros aprueba una serie de medidas del ámbito judicial que actuarán contra la línea de flotación de la corrupción. Se trata de medidas que obligarán a los jueces a ser más diligentes en su trabajo de instrucción, que se prolongan ahora durante años, lo que provoca una absoluta indefensión en los inocentes y dejan en terreno de nadie a los que han cometido fechorías, porque disponen de años por delante antes de comparecer ante un tribunal. Además se incrementan los medios para agilizar la administración de la Justicia.