NUESTRO editorial de ayer -que comparto palabra por palabra- parecía el anuncio de una agencia de viajes. Se lee que "la Justicia ha avalado por segunda vez la legalidad de una forma de protesta consistente en manifestarse contra un cargo público delante de su vivienda particular" y es difícil no tirarse de cabeza en un coche, autobús, tren o avión que nos lleve lejos de un país en el que los tribunales dan por bueno que no se distinga entre la vida pública y la privada, los espacios institucionales o públicos y el domicilio particular, el político y su familia.

Estas distinciones establecen algunas de las diferencias entre una democracia y una dictadura. Las democracias no confunden los ámbitos de la acción pública y los de la vida privada, y no inmiscuyen por razones políticas a las familias de los servidores públicos. El escrache, al llevar la protesta ante los domicilios particulares de los políticos, ignora a la vez ambas diferencias. Allí está el ámbito de privacidad en el que viven los miembros de una familia que nada tiene que ver con las acciones u opiniones del político.

Esto parece una cuestión de sentido común democrático. Salvo en España, el país de la política judicializada y de la justicia politizada. Afirmar que concentrarse ante las casas de los políticos profiriendo gritos, mostrando pancartas y ensuciando en ocasiones el portal pegando en él carteles, pegatinas o papeluchos de todo tipo es un "mecanismo ordinario de participación democrática de la sociedad civil y expresión del pluralismo de los ciudadanos", da vía libre al acoso domiciliario como ejercicio democrático. Sus señorías se han cargado así las barreras que salvaguardan el ámbito privado y familiar de los ciudadanos dedicados a la política.

Supongo que en Corrupteland (antes llamada España) esto es una anécdota. Si desde Europa se nos pone la cara en vergüenza (si la tuviéramos) reprochándonos que los corruptos se quedan con el 25% del dinero de las contratas -lo que supone que se pierden 47.000 millones de euros públicos en pagos ilegales- y que el 97% de las empresas detectan prácticas de corrupción en la Administración, poco ha de sorprendernos que la Justicia diga que llevar las protestas a los domicilios familiares es un "mecanismo ordinario de participación democrática". "La vida privada ha muerto en Rusia", decía Strelnikov en Doctor Zhivago. Pues eso.