LA cúpula de los controladores aéreos huelguistas estaba atrincherada en un hotel cercano a Barajas cuando un servidor escribía estas líneas anoche. No querían fotos: no debían estar muy orgullosos de su gesta. Si este país fuese una democracia asamblearia, perderían sus puestos de trabajo magníficamente pagados por una empresa pública. Pero todo es posible. La fiscalía les podría acusar del secuestro de 700.000 personas en los aeropuertos nacionales. Y juzgarlos un jurado popular. Habría cola de voluntarios para ese jurado.

El controlador aéreo merece un programa de Rodríguez de la Fuente. Imaginen la voz melosa y engolada del gran naturalista: "El controlador aéreo es un ave rapaz en grave peligro, por su aislamiento del mundo real. Mientras el resto de sus congéneres pierde su empleo o parte de su sueldo, el controlador, orgulloso de sus privilegios, sigue viviendo aparte, en su torre de cristal". Su huelga salvaje de ayer se debió a que el Gobierno les comunicó que tenían que trabajar efectivamente 35 horas a la semana. Que no valían para el cómputo anual las bajas y permisos.

La media salarial de estas criaturas en peligro de extinción es de 200.000 euros al año, después de una rebaja sustancial ejecutada cuando José Blanco llegó al Ministerio de Trabajo con Concha Gutiérrez como secretaria de Estado de la cosa. Los hay que ganan mucho más. Y sinceramente, no veo por qué un controlador debe ganar 200.000, 300.000, 500.000 euros al año y no un cirujano, un policía o un bombero, por citar tres profesiones delicadas, especializadas, que protegen nuestras vidas. Todo este escandaloso privilegio se ha consolidado durante mandatos de ministros con tanto carácter como Magdalena Álvarez o Francisco Álvarez Cascos. Y muchos más, con menos fama de mandones. Pero todos se ponían en genuflexión cuando los controladores amenazaban con una huelga. Así se llegó a una plantilla de 2.300 profesionales, de los que unos pocos ganaban más de 900.000 euros; 28, más de 700.000; 135, más de 600.000, y 713 tenían un sueldo entre los 360.000 y los 540.000 euros.

Ronald Reagan ya militarizó el control del tráfico aéreo en Estados Unidos en 1981, y despidió a once mil controladores en huelga. Tras encargar anoche a Defensa este servicio, el Gobierno debería ahora despedir a todos los huelguistas. Y recurrir cualquier sentencia favorable a los amotinados. Y, si hace falta, indemnizar a quienes ganen. Y terminar de una vez por todas con este chantaje a población civil indefensa por parte de un grupo elitista, ignorante de sus privilegios y responsabilidades, insensible ante los perjuicios que causa su egoísmo y con el cinismo de pretender que la culpa la tiene el Gobierno. Aunque, sí. La culpa la tienen los gobiernos que los criaron. Cuervos.