Tribuna Económica

Rogelio / velasco

Crimen y castigo: un enfoque económico

EN hora punta, va conduciendo el coche en una zona de la ciudad fuertemente congestionada. Los aparcamientos legales están todos ocupados y tiene mucha prisa. ¿Qué decisión toma? Va a sopesar los costes y beneficios de las dos decisiones posibles. Por un lado, puede dedicarse a dar vueltas hasta encontrar un aparcamiento legal. Esto le puede granjear problemas porque llegar tarde a la cita que tiene concertada le va a deparar costes elevados. Por otro, va a calcular muy rápidamente la probabilidad de que su coche mal aparcado sea detectado por un policía y le imponga una multa.

La decisión que tome, naturalmente, variará profundamente dependiendo de en qué país o ciudad se encuentre. Si se encuentra en una en donde la policía es eficaz en sus actuaciones y la multa que conlleva aparcar ilegalmente es elevada, muy probablemente seguirá dando vueltas hasta encontrar un aparcamiento legal. Lo contrario ocurrirá en otro entorno. Es ese marco institucional el que inspirará su decisión.

Cuando las personas nos enfrentamos a distintos escenarios a la hora de tomar una decisión, calculamos los costes y beneficios que deparan las mismas y solemos elegir aquéllas que nos permitan reducir los costes y cosechar el máximo beneficio. Esos costes y beneficios no se refieren sólo al plano estrictamente económico. La probabilidad de ir a la cárcel o quedar inhabilitado para jugar determinados papeles en la sociedad, o la rapidez o lentitud con la que nos enfrentemos a esos costes y beneficios, condicionará en gran medida la decisión que tomemos.

Se han dado a conocer los días pasados las sentencias sobre el llamado caso Malaya, en el que se ha juzgado las actuaciones ilegales de una partida de delincuentes que estuvieron gobernando Marbella y de individuos próximos al poder municipal que pusieron a disposición los recursos para corromper.

La lenidad de las sentencias ha causado malestar social. De ciudadanos responsables se debería esperar no malestar, sino alarma social. Y esa alarma debería estar compuesta no sólo por el saqueo cometido y el aparente ligero castigo a los condenados, sino también porque la confianza en la justicia representa uno de los pilares fundamentales de las democracias occidentales. Esos pilares han quedado socavados gravemente como consecuencia de la decisión final de los jueces.

No es fácil determinar en qué medida el resultado es una consecuencia de escasez de recursos para administrar justicia en este país, o del conjunto de la legislación -especialmente de los procedimientos- que es extraordinariamente garantista, impidiendo en muchas ocasiones enjuiciar y condenar casos de delincuencia muy claros.

Es cierto que existen valores culturales que explican la diversidad de comportamientos entre los ciudadanos de distintos países. Pero también lo es que no hay buenos y malos y que las personas responden a unos incentivos de premios y castigos, con independencia del país en el que vivan.

Mientras no cambien los incentivos, los hechos que causen daño en el presente lo volverán a hacer en el futuro. La sentencia del caso Malaya no acabará con la corrupción ni en Marbella ni en otras ciudades; simplemente la va diferir para el futuro. Delinquir en nuestro país sigue siendo barato.

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