DESDE que el binomio déficit público y débil crecimiento se puso de manifiesto, la presión de los mercados financieros internacionales sobre España ha sido constante. El punto de mira de los mercados ha cambiado en los últimos meses del Gobierno central a las comunidades autónomas, porque reside en ellas la mayor parte del gasto público en España. La información que aflora durante las últimas semanas confirma la desconfianza de los mercados sobre la calidad crediticia del Reino de España. En primer lugar, se han hecho públicas las evoluciones de las haciendas regionales durante el primer trimestre. Los gastos han crecido un 5,44% y los ingresos se han reducido un 2,33%. El déficit equivale al 0,46% del PIB. Es cierto que la estacionalidad de algunas partidas de gastos e ingresos no hacen posible su extrapolación al resto del ejercicio, pero no dejan de sembrar dudas a una situación ya de por sí inquietante.

En segundo lugar, el nuevo Gobierno catalán aprobó sus cuentas para este año el mes pasado. El presupuesto recoge un recorte del 10% en el gasto. El déficit que contempla es de un 2,66% del PIB, superior al 1,30% fijado por el Ejecutivo central. La Generalitat sostiene que no puede recortar más el gasto y reclama la percepción del fondo de competitividad para este año. La prensa internacional ha expresado su preocupación por el incumplimiento del objetivo de déficit por parte de la comunidades con mayor PIB de España. El riesgo de crédito que afecte a Cataluña afecta también a toda España

En tercer lugar, y con motivo del cambio de gobierno en las CCAA, las declaraciones de algunos dirigentes han sembrado la alarma tanto en los partidos como en los mercados financieros. Estos esperan que salgan a la luz partidas considerables que afectarán negativamente a la calificación de España. Durante todo este año, los datos que vayan apareciendo tanto de deuda oculta como de cumplimiento trimestral del objetivo de estabilidad, van a ser analizados con detalle.

La capacidad del Ejecutivo central para adelgazar aún más sus cuentas es ya muy limitada. Tanto a ese nivel central como en las autonomías y gobiernos locales, la reducción de sueldos de los funcionarios del pasado año no podrá aprovecharse más. Las inversiones reales se han reducido este año en el conjunto de administraciones un 40%. Éstas son medidas coyunturales para un problema que es estructural. En conjunto, el país no puede financiar el nivel de gasto corriente de antes de la crisis. Si no se adoptan medidas estructurales, los objetivos de déficit no podrán cumplirse.

Las regiones tienen que replantearse la existencia y/o el tamaño de muchas agencias y organismos públicos y de los propios servicios generales de la administración. También algunas inversiones deberían revisarse. Un AVE a Badajoz sin que Portugal construya su parte para acabar la conexión Madrid-Lisboa no va a ninguna parte. Son medidas impopulares o dolorosas, pero representarían un cambio en profundidad de la orientación y volumen del gasto público. Como ayer recomendó la Comisión Europea, establecer un techo de gasto a las autonomías se hace inevitable.