EL asunto tiene su morbo porque, vamos a reconocerlo, todos somos un poquitín mirones, o voyeurs, que dicen los franceses, y nos resulta difícil resistirnos a la mirada furtiva hacia la intimidad del prójimo. Si tienen dudas, ahí están las audiencias de programas televisivos que precisamente lo que hacen es abrir una ventana a la privacidad -o la renuncia a la privacidad- de una serie de personajes que la mayoría, ni conocemos ni nos interesa conocer.

Bueno, pues ahora el Gobierno nos ha servido en bandeja -y la bandeja es, nada más y nada menos, que el BOE- carnaza para nuestra afición. Ahí tenemos los patrimonios oficiales de los altos cargos del Gobierno, eso sí, a valor catastral en caso de inmuebles, y con especificación de deudas. Así, nos hemos enterado de que la más rica de los ministros es Garmendia, y la más pobre, Bibiana, que Chaves sigue relativamente tieso, y que Zapatero debe unos 80.000 euros. Pues vale.

Todo esto, según se dice, es para garantizar una mayor transparencia. De acuerdo, es un paso, pero tampoco vamos a ser tan ingenuos como para creernos que esta exposición pública de patrimonios -recordemos que en Andalucía ya se hizo hace tiempo- va a solucionar el problema de la desconfianza en la limpieza de la gestión pública que se está instalando en la sociedad española.

Que uno recuerde, no ha habido ni uno solo de los casos de corrupción, presunta, confesa, pendiente o negada que, en los últimos tiempos, han ido apareciendo por la geografía española, y en varios niveles de administraciones públicas, han tenido como detonante las declaraciones públicas de patrimonios que, de una u otra forma, con mayor o menor rigor y publicidad, se han ido imponiendo en corporaciones locales, parlamentos y comunidades autónomas. Todos han surgido por denuncias internas o externas, delaciones de socios engañados o venganzas de competidores frustrados. Posiblemente, muchos de los ahora imputados o en riesgo de serlo habían cumplimentado, en el caso de los cargos públicos, la formalidad de sus declaraciones de bienes.

Así que, de cara a la galería, y para darle gustillo al morbo del personal, la publicidad de estos datos cumple su función. Hasta aquí, de acuerdo. Pero, para cortar de raíz el problema del aprovechamiento personal del cargo público, no queda más que la intransigencia absoluta y rápida, de quienes tienen, por una parte, la obligación de la vigilancia y, de otra, la potestad de los ceses y nombramientos. Son ellos los que tienen que establecer mecanismos reales de garantías. Si quieren hacerlo, iremos por el buen camino, si no, todo será asunto de morbo.