NO ha habido marcha atrás. El Gobierno de la nación presentó el martes pasado su cantado recurso de inconstitucionalidad contra el decreto del Gobierno andaluz sobre la función social de la vivienda que pretendía frenar los desahucios de familias en riesgo de exclusión y sancionar a bancos e inmobiliarias que no saquen sus pisos al mercado de compra o alquiler. El Ejecutivo había más que anunciado su desacuerdo con el texto promovido por Izquierda Unida como miembro del Gobierno de coalición de la Junta, a pesar de que afectaba a un escaso número de personas (apenas se ha tramitado una decena de expedientes en toda Andalucía) y a pesar de la posición más matizada del PP andaluz, que se abstuvo en la votación del Parlamento que lo convalidó, a la espera de poder introducir algunas modificaciones durante su tramitación como proyecto de ley. La postura del Gobierno, explicada por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, argumentaba que el decreto altera el contenido esencial el derecho a la propiedad de la vivienda, que es materia reservada a las Cortes Generales, atenta contra el principio de igualdad entre todos los españoles independientemente de su lugar de residencia y establece una responsabilidad sancionadora al margen del principio de culpabilidad exigido por la Constitución. Tales argumentos se han visto ratificados por el Consejo de Estado, cuyo dictamen, aunque no es vinculante, vino a coincidir con los planteamientos del Ejecutivo. A la vez, el Gobierno ha recibido como un aval para su posición el documento de la Comisión Europea que hace el seguimiento de las condiciones del rescate bancario al que se acogió España, según el cual la norma andaluza "puede tener potenciales implicaciones negativas para la estabilidad del sistema financiero en su conjunto", al producir un deterioro en la cartera inmobiliaria de los bancos y reducir el apetito de los inversores por los activos nacionales en este sector. En este contexto, y siendo el Gobierno el recurrente, la simple admisión a trámite del recurso del martes por el Tribunal Constitucional supondrá la suspensión cautelar del decreto durante cinco meses, a partir de los cuales el TC volverá a pronunciarse sobre la suspensión o no, a la espera de su sentencia definitiva. Así pues, el Gobierno español ha provocado la paralización de la iniciativa de carácter social más llamativa del Gobierno bipartito de Andalucía, si bien el Ejecutivo ha ofrecido a la Junta una "vía de diálogo informal" sobre el conflicto, en respuesta insuficiente a la propuesta de negociación bilateral formulada por el Gobierno autonómico. De momento, los desahucios de familias en precario continuarán ejecutándose.