QUIERO hablarles de las TIC, las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y reconozco que el tema resultaba algo infrecuente para el Defensor del Pueblo Andaluz. Pero la cuestión lo merece.

Nuestras sociedades tienen en estas herramientas técnicas un soporte esencial de funcionamiento. Salir de compras, citarnos con la familia, la organización de nuestras vacaciones o los deberes escolares ya no se conciben sin un soporte telemático. Y este empleo alcanza las facetas más trascendentes de las personas en sus relaciones con las administraciones y sus servicios. La dispensación de una receta, gestiones fiscales, obtener la cita médica o el mismo carné de identidad nos han convertido en cibersujetos. Semejante desarrollo ha sido, hasta la fecha, fruto del impulso voluntarista de las entidades de servicios. Entre sus carteras de prestaciones se han venido incluyendo vías telemáticas que facilitaban los formatos tradicionales de relación.

Pero la situación está a punto de dar un salto cualitativo, y les adelanto un dato: desde el próximo 1 de enero, la Administración está obligada a facilitar de manera telemática sus relaciones con aquellas personas que se lo demanden. Se impone el mandato de disponer para el ciudadano los cauces informáticos que resuelvan sus gestiones de modo análogo a los procedimientos habituales que tramita. Lo que antes se ofrecía, ahora será exigible, estableciéndose un derecho a interactuar por vía electrónica con la Administración y recabar sus servicios. Esta misma Ley de acceso electrónico adapta los derechos ciudadanos en los procedimientos administrativos a las peculiaridades informáticas, dibujando una situación novedosa que está poniendo boca abajo las bases de la organización administrativa.

¿Avanzamos con todo esto? Sin duda; y aprovechamos las TIC para mejorar las vías de acceso a los servicios, podemos abaratar costes, evitar molestias a las personas, disponer de mayor accesibilidad ante las discapacidades y muchas ventajas que se evidenciarán.

Ahora bien, este proceso tiene un impacto que nadie podrá negar. Porque, como decía antes, su capacidad transformadora de nuestras vidas y el mismo contenido elemental de nuestros derechos están en juego. De ahí que desde el Defensor del Pueblo Andaluz hemos pedido una presencia decidida y de liderazgo a los poderes públicos para la definición, su control y el establecimiento de un régimen de garantías del sistema TIC.

Les apunto algunas razones. Antes que nada, porque estos servicios telemáticos han conquistado la dimensión de esenciales y es imprescindible un régimen legal adecuado a la importancia que ostentan. Miren los ejemplos cotidianos que les citaba al principio e imaginen eliminarlos de sus vidas. Ya existen costes en términos de PIB en casos de caídas de los sistemas de telecomunicación. El servicio que hoy prestan las operadoras de telefonía móvil no se puede entender encerrado en un contrato privado, pero replicado por millones. La definición, por tanto, de unos contenidos mínimos que determinen los servicios básicos es una responsabilidad ineludible y de permanente actualización.

Tampoco podemos negar que ese proceso de inmersión en el uso de las TIC tiene sus sombras porque, como en otras facetas, deja atrás a sectores de la sociedad relegados al otro lado de la brecha digital. Los recursos tecnológicos están muy bien, pero la tentación de que su generalización termine por hacerlos exclusivos, expulsaría a los colectivos de siempre a los que se unen los analfabetos digitales. Una condición técnica -disponer de banda ancha o la TDT- abre servicios para muchos, pero los veta a quienes no acceden. Y de eso puede depender un servicio público teóricamente universal. Si tú accedes y yo no puedo, por qué, hasta cuándo, quién lo decide y sobre qué criterios.

Si demandamos liderazgo y presencia de los poderes públicos también es por los riesgos evidentes de esta potencialidad técnica en el manejo y control de los datos de carácter personal. Recuerdo la anécdota de una conocida en su visita al ginecólogo sospechando su primer embarazo. Cuando lo confirmó, recibió en su casa propaganda de una tienda premamá antes que poder anunciar la nueva a la familia. Será que las noticias vuelan. Imaginemos la información de la que disponen todas las Administraciones o las principales entidades suministradoras o financieras acerca de nuestras vidas. Como ven, el tema merece toda nuestra implicación.

Pues las TIC son esas herramientas, ejemplo de la maravilla del conocimiento y de los avances científicos. Con sus bondades y sus riesgos, con sus capacidades y recelos. De todo ello las Defensorías vamos a hablar y debatir en próximas fechas.