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Rafael / Padilla

Demasiadas sombras

EL espectáculo bochornoso de la excarcelación masiva de terroristas, violadores y criminales de la peor especie al que ahora asistimos, dicen que por la derogación de la doctrina Parot, resulta socialmente inadmisible. Y es que, además de provocar una gravísima alarma, el camino escogido, inusualmente sumiso y veloz, permite a mi juicio importantes objeciones. No es la menor que en nuestro ordenamiento jurídico no exista vía procesal inmediata que permita la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: éstas, como bien aclaró nuestro Tribunal Supremo en 2002, tienen carácter declarativo y no anulan ni modifican directamente los actos que juzguen contrarios al Convenio Europeo. Obsérvese, en ese sentido, que el texto del mismo no introduce en el orden jurídico interno una instancia judicial supranacional ni un nuevo sistema común de recursos.

Incluso, a diferencia de lo que ocurre en otros estados firmantes más diligentes, falta en el nuestro la definición del mecanismo preciso que traduzca las resoluciones de Estrasburgo: no hemos establecido un procedimiento de revisión específico ni modificado nuestras leyes para acoger estos supuestos; tampoco hemos abierto la posibilidad de que sea el fiscal general el que inste dicha revisión en interés de ley; ni, por supuesto, nos hemos sumado a la práctica de dictar "leyes de caso único" para solventar tales conflictos.

Señalaba recientemente Agustín J. Pérez-Cruz, catedrático de Derecho Procesal en La Coruña, que "ninguna de las causas o motivos de revisión, previstas en el art. 954 de la L.E.Crim., puede considerarse que comprende también -ni siquiera sea acudiendo a una interpretación extensiva- el supuesto en que un tribunal internacional [no supranacional], declare que en el proceso penal seguido en España se vulneró el Convenio". No hay, pues, cauce para el efecto que, con tanto entusiasmo y tan inconcebible universalidad, han derivado nuestros magistrados.

Demasiadas sombras y demasiada política como para permanecer impertérritos ante una interpretación más que discutible de mandatos legales claros. Ellos sabrán en razón de qué intereses, desde luego más allá de la estricta legalidad, se hizo lo que se ha hecho. A nosotros, sufridores del desafuero, nos basta con no olvidar jamás el nombre y la responsabilidad de cuantos, por acción u omisión, han acabado llenándonos las calles de decenas de alimañas irredentas.

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