LOS ciudadanos y los medios de comunicación han mostrado durante los últimos meses un gran interés por los asuntos relacionados con la desigualdad. El libro de Piketty -publicado hace unos días en español- ha representado un estímulo adicional para la preocupación por el tema y el debate.

La diferencia en renta por habitante entre ricos y pobres es la mayor de los últimos 30 años, de acuerdo con los datos recientemente publicados por la OCDE. En 1980, el 10% más rico de la población detentaba una renta 7,1 veces superior al 10% más pobre. En el año 2012 era de 9,5 veces, como media para todos los países occidentales. Estas diferencias se han acelerado durante el periodo de crisis 2007-2012.

Los datos son especialmente preocupantes para España. Para el periodo mencionado, el índice de Gini -que mide la proporción de renta para cada tramo de población- aumentó un 8%, el más elevado de todos los países occidentales. El 10% más pobre en España ha reducido su renta un impresionante 13% cada año. Aun con otras causas adicionales, el crecimiento explosivo del desempleo es el principal causante de esa evolución, como lo demuestra el hecho de que los pensionistas han permanecido en la misma situación durante el periodo mencionado. El problema afecta a todas personas menores de 65 años y, especialmente, a los más jóvenes que no encuentran empleo.

En conjunto, el porcentaje de población por debajo de la línea de la pobreza -definida como la población con rentas inferiores al 50% de la mediana por habitante- ha saltado hasta el 15%.

Esta situación conduce a muchos expertos y al público en general a afirmar que se están violando los principios básicos de equidad, porque los incrementos de productividad no tienen una correlación con los incrementos salariales. En consecuencia, la mayoría de empleados no están siendo retribuidos según su justa aportación al crecimiento económico. Una buena parte de la clase media y todas las de menor renta se han convertido en espectadores de un proceso en el que los beneficios empresariales se recuperan y la bolsa sube, mientras que sus rentas permanecen estancadas o se reducen. Existen notables diferencias entre países pero, en general, es cierto para todas las economías occidentales.

Mientras que la mayoría de las investigaciones resaltan la distribución de la renta y sus múltiples consecuencias, resulta hoy especialmente relevante poner en relación la distribución de la renta con el crecimiento.

Está empíricamente demostrado que la propensión a consumir de las rentas altas es menor que la de las rentas bajas. De esta forma, un euro extra de renta para las más altas es muy probable que se ahorre, mientras que para las rentas bajas se consuma. Cuanto mayor sea la concentración en las rentas altas, menor será la propensión a consumir y el crecimiento, puesto que la demanda va a aumentar escasamente, mientras que será la tasa de ahorro la que se eleve.

A este mecanismo se unen las imperfecciones en el mercado de capitales que provocan que, en épocas de crisis generalizadas, el canal de crédito se reduzca considerablemente para las rentas medias y bajas, propiciando reducciones adicionales en el consumo que contribuyen a frenar el crecimiento y a generar mayor desigualdad.

Sin embargo, no siempre la relación causa-efecto funciona de esta forma. Pensemos que durante la década pasada la desigualdad ya estaba avanzando y, sin embargo, el crecimiento económico se aceleró. En la medida en que la mayor parte de la población tuvo acceso al crédito fácil y buena parte fue canalizado hacia la adquisición de viviendas y el precio de éstas también se elevó, el efecto riqueza generado propició el crecimiento del consumo porque las garantías que se podían prestar para solicitar crédito también eran mayores.

Estos mecanismos, tanto positivos como negativos sobre el crecimiento, inducen efectos inmediatos a través de los canales de transmisión del mercado. Existen, sin embargo, otros que se generan a través de la intervención del Estado en la economía y pueden generar sus efectos con carácter inmediato o a más largo plazo.

Si la situación de creciente desigualdad se une a una crisis profunda y duradera -como la que vivimos en nuestro país-, los problemas fiscales que producen sobre el Estado tienen, finalmente, un impacto directo negativo sobre la desigualdad y el propio crecimiento.

Entre otros muchos ejemplos, pensemos en los recortes aplicados a las becas para estudiantes. Con carácter inmediato, la renta disponible de las familias de los perceptores de becas se reduce, contrayendo el consumo y el bienestar. El efecto sobre el crecimiento y la desigualdad son inmediatos. Pero a más largo plazo, genera igualmente efectos negativos sobre ambas variables. Una parte de la población va a dejar de recibir educación, disminuyendo notablemente las posibilidades de incorporarse al mercado de trabajo -en el presente y en el futuro-, reduciendo la renta que vaya a percibir y aumentando, por tanto, las desigualdades dentro de esas economías. El vínculo entre capital humano acumulado y nivel de renta no se rompe ni en sentido ascendente ni en descendente.

El problema que presenta esto último es que existen elementos de irreversibilidad y, en gran medida, de condena. Si no se recibe una formación adecuada durante la juventud, resulta muy difícil recuperarla en el futuro, de manera que la incorporación al mercado de trabajo no será competitiva.

Las desigualdades profundas no sólo generan situaciones de injusticia social. También una reducción permanente en la capacidad de crecimiento para salir de la crisis que afecta a toda la sociedad.