El justamente famoso pasaje de la Apología donde Platón pone en boca de Sócrates una incondicional defensa de las leyes como garantía de la convivencia, pese a que estas lo han condenado a muerte, no puede ser leído sin entender que para los antiguos legisladores aquéllas eran emanación del derecho natural, por definición inviolable, pero su apelación al interés general frente a la conveniencia particular ha resonado durante siglos como ejemplo de la primacía del bien común sobre las aspiraciones individuales. No cabe olvidar, sin embargo, que el filósofo ateniense era un admirador de los regímenes oligárquicos y que tampoco las democracias de su tiempo, tan por lo demás avanzadas, dejaban de sostener una idea muy restrictiva de la ciudadanía que excluía a los extranjeros, los esclavos, las mujeres, el pueblo llano. La emancipación de los siervos, la progresiva eliminación del sufragio censitario, la conquista del voto femenino o la protección de los derechos de las minorías son logros relativamente recientes que han enfrentado en muchos momentos del pasado a los custodios del orden instituido con quienes peleaban por ampliar sus cimientos. Debemos a Henry David Thoreau, padre de la desobediencia civil, la idea de la disidencia, aunque personal, ejercida en nombre de un sujeto colectivo, que invoca ese mismo bien común del que hablaron los griegos pero opone a la legalidad en vigor, considerada inicua o insuficiente, la legitimidad de unos principios superiores en el plano moral. Ya sabemos que el empleo de este último adjetivo es problemático cuando se refiere a la política o al ámbito jurídico, pero en su caso -el pensador libertario denunciaba la guerra de agresión contra México y la oprobiosa práctica de la esclavitud- o en el de notorios herederos de sus ideas como Gandhi, Luther King o Mandela, es indudable que su resistencia no violenta a la autoridad tenía un fundamento justo y por eso hoy sus figuras, como las de las pioneras del sufragismo, son veneradas en el altar laico donde las modernas democracias representan la larga y admirable lucha por los derechos civiles. Profanan sus nombres quienes reivindican el procedimiento para defender causas dudosas o poco honorables y más si lo hacen desde el poder o sus aledaños, declarándose insumisos pero negándose a asumir la responsabilidad, el coste y las consecuencias de sus acciones. En una sociedad libre, el imperio de la ley no excluye la posibilidad de desafiarla, pero el rebelde por convicción, si de verdad cree en la democracia, está obligado a rendir cuentas. Puede no hacerlo y en ese caso habrá dejado de ser un insurgente para convertirse en un bandido.