LOS dos partidos mayoritarios se desafiaron ayer a plantear los instrumentos jurídico-políticos previstos para situaciones de crisis. Tras las elecciones al Parlamento Europeo, con la victoria del Partido Popular, sus dirigentes consideran que el Gobierno debe presentar la cuestión de confianza en el Congreso al haber quedado desautorizado por los ciudadanos y no disponer de mayoría parlamentaria; el Gobierno, por su parte, estima que, al no haberse celebrado elecciones generales, está legitimado para continuar en el poder, y correspondería en todo caso al PP plantear una moción de censura. Es previsible que ninguna de las dos iniciativas se lleve finalmente a cabo: ni Zapatero está en condiciones de lograr que una mayoría de diputados respalde a su gobierno ni Rajoy es capaz de aglutinar la mayoría absoluta que requiere el triunfo de la censura constructiva tal como recoge la Constitución. No cabe duda de que los resultados del 7-J han supuesto la consolidación de Mariano Rajoy al frente del principal partido de la oposición y han deteriorado la posición de Rodríguez Zapatero, que verá limitados aún más sus márgenes de actuación en materia de aprobación de leyes e impulso de la acción política y económica que la crisis exige. Probablemente la negociación de los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a 2010, en vísperas además de la presidencia española de la Unión Europea, termine aclarando las posibilidades de que el Gobierno siga en pie y no sea necesario el adelanto de las elecciones generales. Mientras tanto, aun en la evidencia de que la situación es delicada, no parece que el horizonte inmediato vaya a dirimirse mediante una cuestión de confianza o una moción de censura. El Gobierno de la nación se encuentra, ciertamente, en una situación de debilidad, agobiado por una crisis de enorme dimensión social, tras perder dos elecciones sucesivas, con un líder de la oposición reforzado, sin apoyos parlamentarios sólidos y marcado por el fracaso de su estrategia en la campaña para las elecciones europeas. No obstante, insistimos: eran elecciones europeas. No son estos comicios los que deciden quiénes deben gobernar España.