ANDALUCÍA, después de 30 años de gobierno socialista, encabeza los indicadores de paro en España con una desigualdad real, social y económica, imposible de superar con recetas tan fracasadas como las que plantea el PSOE. Esta desigualdad fue reconocida en la Disposición Adicional Segunda del primer Estatuto andaluz, luego llamada deuda histórica. En el nuevo Estatuto de 2007, ante el impago de la misma durante los años del felipismo y salvo el paréntesis de 120 millones de euros que pagó el Gobierno de Aznar, volvió a ser incluida como reclamación de justicia a favor de la nivelación de servicios fundamentales como sanidad, educación y vivienda con el resto de españoles. Por tanto, no fue un capricho sino algo esencial en una Andalucía con claros déficits sociales y económicos y que mantiene diferencias con otras comunidades de España.

Ahora los socialistas pretenden que el acuerdo entre el Gobierno de Zapatero y el sustituto de Chaves liquide la deuda histórica mediante una cesión de solares (en el peor momento económico posible, no lo olvidemos), lo que supone un insulto a la dignidad de los andaluces y una desvergüenza histórica.

A los socialistas les da igual que la mayoría de las inversiones previstas para 2010 en educación, sanidad, infraestructuras o vivienda desaparezcan debido al impago de la deuda. Les da igual faltar a nuestro Estatuto, borrar de un plumazo el consenso estatutario o que se pisotee la dignidad del pueblo andaluz. A nosotros no. ¿Alguien se imagina que a Cataluña o al País Vasco se les pagara en solares en lugar de en metálico? Los andaluces no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. No queremos ser ciudadanos de segunda, y mucho menos que quieran matar nuestro Estatuto con sólo tres años de vida.

No podemos perder de vista la naturaleza real de la deuda histórica. No estamos hablando de la transferencia de una competencia que, lógicamente, implique transferencia de personal, de bienes, de servicios, que representa en especies el valor consignado presupuestariamente. Estamos hablando de una asignación complementaria que tienen que prever los Presupuestos Generales del Estado en dinero contante y sonante. La Lofca habla, en su artículo 15.5, de que cada Comunidad Autónoma debe dar cuenta anualmente a las Cortes Generales de la actualización que ha efectuado de las asignaciones presupuestarias percibidas y del nivel de prestación alcanzado en los servicios con ellas financiados. Tales asignaciones complementarias han de hacerse efectivas necesariamente, por tanto, en dinero ya que de otro modo carecería de sentido la dación de cuentas a las Cortes Generales sobre la utilización que se ha dado a las asignaciones percibidas y a los servicios financiados.

Todos los instrumentos de financiación para las comunidades autónomas procedentes del Estado se han hecho siempre efectivos mediante transferencias dinerarias, con ingresos en las respectivas cuentas autonómicas, como no podía ser de otra manera. Por ello, al igual que no podemos imaginar que los instrumentos de financiación como son la Participación en los Ingresos del Estado, el Fondo de Compensación Interterritorial o el Fondo de Suficiencia se pagaran en especie, en el caso de la deuda histórica tiene que aplicarse el mismo criterio y debe pagarse en metálico ya que se trata de otro instrumento de financiación recogido en el Estatuto de Autonomía.

Ya lo advirtió Rafael Escuredo, el primer presidente de la Junta de Andalucía, en las sesiones de debate del Estatuto de Autonomía en octubre de 2004: "La deuda no debe ser eternamente histórica, pero tampoco borrarse en un saldo por derribo".