NO por esperados los datos de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre dejan de ser muy negativos: récord de parados (4.910.200), lo que eleva la tasa de paro al 21,29%. Y si se hurga en la estadística oficial, otros datos agravan el desaliento: récord de parados de larga duración, aumento del paro en todos los sectores, 1,38 millones de hogares en los que todos los activos están en paro,... y gracias a que ha disminuido la población activa y aumentado del empleo público no se han superado los cinco millones de parados. El único alivio es que en tasas anuales el descenso de la ocupación es prácticamente igual al del trimestre, lo que podría indicar que el ajuste se va acercando a su fin.

Además de que el primer trimestre del año es tradicionalmente negativo para el empleo y de que la Semana Santa no se ha celebrado en marzo, la evolución negativa en términos de ocupación y empleo se encuentra en la debilidad de la recuperación de la economía española, pues, a falta de que se conozca el crecimiento del PIB en este trimestre, es seguro que estará lejos de la tasa del 2% interanual que se estima necesaria para que se genere empleo.

Lo que resulta lacerante es que mientras esto ocurre en España, un país como Alemania que sufrió la crisis financiera con mayor intensidad (caída del PIB del 4,7% en 2009) y que partía al inicio de la crisis con una tasa de paro semejante a la española la haya reducido en marzo al 7,1%, y que en el conjunto de los países la OCDE la tasa de paro sea menos de la mitad que en España. Como es suficientemente conocido ese desenvolvimiento desigual es consecuencia de los alegres años de expansión en los que la economía española fue perdiendo competitividad, a la vez que nos endeudábamos como nuevos ricos irresponsables. Un tiempo en el que, a diferencia de Alemania que reformó su sistema de pensiones, la sanidad pública y el mercado de trabajo, los gobiernos españoles no tuvieron los arrestos para abordar las reformas estructurales que los analistas económicos y organismos internacionales venían reclamando. En particular, una regulación del mercado de trabajo que ha propiciado que el ajuste laboral ante la crisis se haya realizado en cantidades en lugar de precios, y que haya frenado la creación de empleo por los riesgos que conlleva para las empresas la rigidez del sistema.

De ser grave los resultados de la EPA para el conjunto de España, más aún lo son para Andalucía, que encabeza el ranking del paro con la mitad de las provincias superando el 30% y más de la mitad de los jóvenes parados, mientras que otras comunidades alcanzan tasas de paro mucho más reducidas (País Vasco 11,6%), a pesar de compartir las mismas regulaciones básicas, lo que se explica por desigual dotación y calidad del tejido empresarial, por la formación y el marco institucional autonómico.

Las perspectivas no son muy halagüeñas, pues aunque los dos trimestres próximos suelen tener un comportamiento positivo en términos de empleo, dada la debilidad del crecimiento y que la contribución positiva del empleo público no sólo no continuará, sino que tras las elecciones autonómicas y municipales muchos gobiernos regionales y ayuntamientos tendrán que abordar severos ajustes de plantillas, en el conjunto del año difícilmente se alcanzará la previsión del Gobierno (aumento del empleo del 0,2%), mientras que en los próximos años se podría ir recuperando el volumen de ocupación, siempre que se intensifique el crecimiento y que la presión de los mercados sobre la deuda española no se acentúe.

Ante este oscuro panorama los sindicatos y otros agentes políticos y sociales reclaman medidas activas del Gobierno para estimular la actividad y el empleo, pero con el nivel de déficit y deuda pública, con la caída de los ingresos públicos, con las dificultades para cumplir el Pacto de Estabilidad y con la mirada atenta de los mercados sobre el comportamiento de todas las administraciones públicas, es prácticamente imposible pensar en medidas expansivas del gasto público... Si acaso a corto plazo podría tener algún efecto el afloramiento de la economía sumergida.

En consecuencia, lo que nos queda es acelerar y profundizar las reformas pendientes, particularmente la del mercado de trabajo. El paro es la consecuencia más dolorosa del problema, pero lo que hay que atajar son sus causas, y éstas no son otras que la pérdida de competitividad, el elevado endeudamiento en relación a nuestro potencial de crecimiento, y la inadecuación del marco regulatorio e institucional para que el sistema productivo se adapte con flexibilidad a los cambios tecnológicos y de la demanda. Si se hubiesen atendido las voces que demandaban actuaciones en relación con estos problemas hace tiempo no tendríamos los escandalosos niveles de paro que refleja la EPA. Si no nos concentramos ahora en resolver las causas de los problemas lo lamentaremos aún más en un futuro próximo.