LA titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, dio ayer un nuevo golpe de efecto, a los que tanta afición ha demostrado tener en los últimos años, y decidió ampliar la investigación del caso de los ERE abriendo una especie de causa general contra las empresas públicas dependientes de la Junta. La magistrada quiere averiguar si, como en el caso de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea), el resto de las sociedades dependientes del Gobierno andaluz también utilizaron el sistema de transferencias de financiación de la forma que ésta lo hizo para las ayudas vinculadas a los ERE. Para ello reclama a la Intervención General de la Junta de Andalucía los expedientes íntegros de los programas de control financiero de estos organismos de los años 2005, 2006 y 2007. De la resolución hecha pública ayer llaman la atención varias circunstancias, pero quizás la más sorprendente es que la juez, lejos de cerrar la macrocausa abierta en torno a las irregularidades presuntamente cometidas por responsables de la Junta, vuelve a alargar la investigación en una especie de eterna cadena en la que va sumando eslabón tras eslabón sin llegar nunca a un deseable final que permita depurar las responsabilidades penales en las que se haya podido incurrir. La juez eterniza, en nuestra opinión innecesariamente, una causa de la que tienen conocimiento también el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Andalucía por la presunta implicación en ella de cargos aforados nacionales y regionales. La larguísima instrucción de los ERE y su indudable repercusión pública supone un proceso en toda regla contra la Junta de Andalucía con indudables consecuencias políticas. Además, en esta ocasión, la juez Alaya ha puesto el foco sobre unos hechos que ya está investigando otro juzgado de Sevilla, el de Instrucción número 16, que instruye el sumario sobre presuntas irregularidades en la sociedad de capital riesgo Invercaria. El titular de ese juzgado abrió en 2013 nueve causas para investigar a otras tantas empresas públicas de la Junta de Andalucía. Es decir, que la investigación de los ERE no sólo no concluye sino que además se hace en paralelo sobre otra que lleva a cabo otro juzgado de Sevilla, lo que debería llevar a la Fiscalía y a la propia Audiencia a tomar cartas en el asunto. Como hemos defendido en otras muchas ocasiones, la juez Alaya ha prestado un importante servicio a la sociedad andaluza destapando el caso de los ERE y sacando a la luz pública comportamientos de escasa ética que los tribunales tendrán que juzgar. Pero su empeño en eternizar la instrucción y en solaparla con las de otro juzgado se aleja del comportamiento que cabría exigir a un representante de la Justicia.