LA publicación los pasados días de un estudio sobre las balanzas fiscales entre las comunidades autónomas españolas por el BBVA ha vuelto a provocar, otra vez, un encendido debate entre los responsables políticos de distintas autonomías y diferentes partidos políticos.

Con independencia de la metodología que se utilice, resulta útil conocer el signo e intensidad de las relaciones fiscales que los distintos territorios mantienen entre sí porque permite orientar la política económica -en particular, la fiscal- y estimar el esfuerzo fiscal relativo que los territorios y sus habitantes realizan.

Sin embargo, desde el establecimiento del Estado de las Autonomías, este debate ha estado interesadamente sesgado, porque es como si la única medida de las relaciones económicas entre los territorios viniese dada por el signo y magnitud de los ingresos y gastos públicos. Esta imagen es falsa. Pero los debates políticos, para que produzcan los efectos deseados, necesitan girar sobre cuestiones simples o tratarlas de forma simplificada. Antes y ahora, las relaciones son mucho más complejas.

Antes porque, en el caso de España y de todos los países, las zonas industriales han necesitado de una fuerte protección arancelaria para evitar que productos extranjeros más baratos y de mejor calidad se introdujeran en nuestro país e impidieran el nacimiento y desarrollo industrial. En el caso de Cataluña fue la industria textil; en el del País Vasco, la siderurgia. Nos referimos a dos siglos de protección que todos los consumidores españoles han pagado. Durante todo el siglo XX, la financiación privada de esos proyectos industriales se canalizó a través de una banca que captaba recursos en todo el país y los invertía, fundamentalmente, en el norte peninsular. En fin, un mercado español cerrado a la competencia extranjera ha sido clave para el desarrollo histórico de esos territorios.

Y ahora porque, sin la ayuda del Gobierno central, la posición competitiva de esos territorios sería despreciable. Zapatero puede negociar con Putin, ayudando a que Iberdrola gane un concurso para establecer una central en Rusia, o el rey Juan Carlos, con los mandatarios de Arabia Saudita, para apoyar a FCC en otro proyecto en ese país. No son puras anécdotas, sino ejemplos de aprovechamiento de las externalidades que se generan en el centro del país para beneficio de algunos territorios en particular y que comprende muchos más aspectos.

Hoy no hay aranceles, las aduanas han desaparecido, el significado de las balanzas de pago ha cambiado como consecuencia de la integración monetaria con Europa, pero las variables reales que explican las relaciones económicas entre los territorios siguen siendo las mismas.

No queremos transmitir la idea de que las balanzas y sus saldos sean irrelevantes. Pero la tentación de algunos políticos de culpar a los demás de sus errores es irresistible. Antes de solicitar más dinero, alguien en Cataluña debería explicar por qué en Madrid se han construido en los últimos 20 años más de cien kilómetros de Metro con recursos propios, mientras que en Barcelona sólo se han hecho diez. ¿Qué han hecho con el dinero?