LA confrontación política entre el Gobierno de la nación y la Junta de Andalucía, reafirmada con distintos episodios en las últimas semanas, dio ayer un nuevo paso adelante al anunciar el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, una batería de medidas que el Ejecutivo autonómico pondrá en marcha de manera inmediata en el terreno educativo. Paso adelante que, objetivamente, constituye en realidad un paso atrás en la medida en que si hay un ámbito de actuación de los poderes públicos que exige consenso, cooperación y lealtad es, sin duda, el de la enseñanza. Entre los fallos clamorosos del sistema educativo español destaca la falta de un modelo claro y duradero en todos sus niveles cuya efectividad pueda comprobarse tras aplicarse a varias generaciones. Lo normal aquí, por desgracia, es que los sucesivos gobiernos se deshagan de la herencia recibida e impulsen leyes específicas con vocación de estabilidad pero que también duran lo que el partido gobernante tarda en perder el poder y ser sustituido por otro que vuelve a empezar su propio camino. Esta situación de constantes cambios, que marea a profesores y entorpece a alumnos, aún es susceptible de empeorar: lo hará si a la contradicción entre unos gobernantes y los siguientes se unen las luchas entre los proyectos educativos nacionales y los que impulsan los gobiernos autonómicos, con amplias competencias en la materia. Es precisamente lo que se desprende de la batería de medidas anunciada por el consejero Alonso. Su sentido es inequívoco: mientras prepara el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) aprobada por el Congreso de los Diputados, la Consejería de Educación dicta normas cuyo objetivo es mitigar entre los escolares andaluces el impacto de una ley que nace sin consenso de la comunidad educativa, con un calendario de aplicación precipitado y que renuncia a la formación del alumnado en beneficio de la selección, según las palabras del consejero. En consecuencia, la Junta ha decidido no renovar los textos de Primaria del próximo curso, rescatar las asignaturas de Educación para la Ciudadanía, reducir al mínimo la enseñanza de Religión y no financiar con fondos públicos a aquellos colegios concertados que segreguen al alumnado por sexo, además de no hacer públicas las evaluaciones. Todas ellas son normas que emanan de la Lomce. El consejero de Educación asegura que la Junta no se declara insumisa ante la ley orgánica, pero admite que se rebela contra muchas de sus prescripciones. Mal camino, una vez más, el que recorren Junta y Gobierno enfrentándose también a cuenta de la escuela y la enseñanza.

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