EL GOBIERNO municipal de Sevilla, en un alarde de pragmatismo, ha anunciado hace unos días la decisión de enterrar -se supone que definitivamente- su vieja aspiración de gravar con un recargo del 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) la tenencia de pisos vacíos. La coalición PSOE e IU venía incluyendo desde 2005 en la ordenanza fiscal correspondiente a este tributo (antiguamente conocido como contribución urbana) tal recargo, aunque hasta ahora no había podido aplicarlo por ausencia de un reglamento estatal que diera sustento cierto a la posibilidad que, en su día, abrió el Gobierno de José María Aznar. Precisamente éste ha sido el argumento del Consejo Consultivo de Andalucía para pronunciarse, en un informe no vinculante, contrario a dicha idea. El Consistorio ha optado por acatar el dictamen, sabedor como era desde primera hora de que la aspiración de cobrar dicho recargo, pudiendo ser razonable desde el punto de vista conceptual, no tenía aún sustento legal suficiente. Ni probablemente lo tendrá hasta que el Ejecutivo central defina legalmente qué es un piso desocupado, algo que no parece ser una prioridad para el actual Gobierno. Así pues, el desestimiento municipal cae por su propio peso, aunque no debe olvidarse que el amago municipal, capitaneado por el edil Alfonso Rodríguez Gómez de Celis durante su breve paso al frente de la Hacienda municipal (ahora ocupa los departamentos de Presidencia y Urbanismo, además de la portavocía del PSOE municipal), supondrá cierto quebranto a las arcas públicas, al haber fijado en base a dicho recargo una previsión de ingresos del orden del millón de euros. No saldrá pues gratis a la ciudad dar marcha atrás a una medida defendida en público por el propio alcalde. Desde el principio, la iniciativa buscaba más aprovechar su efecto propagandístico que contar con solidez legal, aspecto que llama la atención tratándose de una administración pública, que debería conocer la viabilidad legal de sus proyectos. En política los golpes de efecto suelen deslumbrar al principio, aunque por lo general dejan una magra cosecha. Si lo que PSOE e IU quieren es impulsar el alquiler de los pisos vacíos, no hay más que un camino: incentivar a los propietarios, que deberían tener mayor seguridad jurídica. No amagar para, al final, terminar dando marcha atrás.