LA montaña revolucionaria parió un ratoncillo socialdemócrata, casi diría que social-liberal. El decreto sobre la función social de la vivienda que aprobó ayer el Gobierno andaluz, concebido por su impulsora, la consejera Elena Cortés (IU), como "un plan de choque para frenar la sangría social" de los desahucios, resultó completamente moderado, en una línea de reformismo suave que va a desencantar a los escracheros con los que simpatiza Cortés, aunque no tanto como para abandonar su gratificante cargo para sumarse a la plataforma de afectados por la hipoteca.

Hace falta sobrevalorarse mucho y estar muy instalada en la superioridad moral de la izquierda radical para proclamar que "Hoy, en Andalucía, decimos ¡basta! y defendemos la vivienda como un derecho humano" y "con este decreto hacemos justicia y llegamos a la raíz del problema", cuando en realidad el decreto resulta cortito con sifón como respuesta a la magnitud del conflicto y su eficacia real solamente se comprobará con el tiempo. Un poco de modestia en la presentación habría sido más acorde con la virtualidad de lo presentado.

La medida más llamativa del decreto, que ya se califica de antemano como "excepcional", es la posibilidad de expropiar durante tres años aquellas viviendas que vayan a ser embargadas si con ello se ocasiona un problema a las familias que las habitan. Pero con matices, con muchos matices. Primero, del régimen general de sanciones a los pisos vacíos se excluyen las segundas residencias, las destinadas a alquiler de temporada y las turísticas. Segundo, tampoco serán multadas las personas físicas que mantengan viviendas desocupadas, sólo los bancos e inmobiliarias sufrirán el mecanismo sancionador. Y en cuanto a la expropiación como última salida para evitar el desahucio, las entidades financieras sólo la padecerán si se cumplen estos requisitos: que el afectado viva en la casa objeto del procedimiento hipotecario, que el préstamo le haya sido concedido precisamente para pagar la casa, que el desalojo pueda generar una situación de exclusión social, que las condiciones económicas de los desahuciables hayan sufrido un importante menoscabo y que el esfuerzo para atender la hipoteca suponga más de un tercio de los ingresos familiares.

¿De verdad cree Elena Cortés que este decreto va a la raíz del problema y frenará la sangría social de los desahucios? Creo que lo comprobaremos en unos meses.