EL ministro del Interior, Jorge Fernández, se entrevistó ayer durante más de una hora con la comisaria europea de la misma materia, Cecilia Malmström, que se había expresado con dureza tras la muerte de quince inmigrantes en la playa de Ceuta que intentaban entrar irregularmente en territorio español. La comisaria se hizo eco del escándalo desatado en nuestro país al conocerse que la Guardia Civil había disparado pelotas de goma contra los inmigrantes, lo que según algunos testimonios le habría llevado al pánico y, en los casos citados, al ahogamiento. La versión de Interior es que los disparos no fueron hechos para dar a los inmigrantes. En todo caso la investigación judicial en marcha habrá de establecer las responsabilidades a que hubiere lugar. El ministro reprochó a la comisaria de Interior de la UE que se hubiera pronunciado sobre el desgraciado incidente con precipitación y sin utilizar los cauces normales entre instituciones, sino a través de la prensa y las redes sociales. En esto estamos de acuerdo con Jorge Fernández, ya que no es normal que un responsable del máximo nivel de la Comisión Europea cuestione la labor del Gobierno de un Estado miembro antes de conocer y calibrar toda la información al respecto. Pero más importante que este intercambio de críticas nos parecen los datos y necesidades planteadas por el titular español de Interior sobre la situación de Ceuta y Melilla. El viernes 214 inmigrantes sin papeles entraron de golpe en Melilla saltando la verja fronteriza con Marruecos, una cifra que no se registraba desde 2005. En Ceuta continúan los saltos y se calcula que hay 40.000 irregulares en territorio marroquí dispuestos a penetrar en España en cuanto las mafias que explotan su situación de miseria y su desesperación los conduzcan a las vallas o los suban a embarcaciones precarias. Quiere ello decir que en estas dos ciudades españolas se vive una situación de auténtica emergencia social. Ahora bien, las dos ciudades no sólo son la frontera de España con África, sino la frontera del continente africano con Europa. No se trata, pues, de un conflicto puramente nacional, sino de toda la Unión Europea, que encarga a nuestro país, por así decirlo, que impida la entrada masiva de ilegales en su territorio. Si la UE ha decidido que no se pueden dar papeles para todos y abrir su espacio económico y jurídico a cientos de miles de ciudadanos que huyen de la pobreza y de la guerra, tiene que ayudar a los estados fronterizos, como España o Italia, a cumplir con el cometido encomendado. Por eso ha pedido Jorge Fernández a la UE 45 millones de euros para reforzar los perímetros fronterizos. Porque existe una emergencia europea en inmigración.

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