Me gustaría equivocarme, pero creo que no arriesgo mucho si afirmo aquí que ni la Junta ni el Ayuntamiento de Sevilla tienen otra estrategia para mitigar los efectos políticos de la grave crisis sanitaria que se ha vivido en Sevilla y en Andalucía este pasado agosto que intentar escurrir el bulto y echar la culpa al otro. Peor para nosotros, porque la imagen que han proyectado durante la alerta alimentaria ha revelado, cuando menos, poca efectividad y obsesión por minimizar los daños a las propias siglas. Que la Junta y el Ayuntamiento se hayan tirado los trastos a la cabeza durante una situación así no los deja en un buen lugar y ha proyectado una imagen de Andalucía en el resto del país que ahonda en los peores tópicos que todavía se siguen manejando sobre esta región.

Ahora que los casos de listeriosis empiezan a remitir y que las aguas parece que empiezan a volver a su cauce, sería la hora de que se empezaran a determinar en los ámbitos políticos -otra cosa será lo que pase en los judiciales- las responsabilidades en las que por acción u omisión se hubieran incurrido y que ésas se reflejasen en puestos y nombres concretos. Es lo que cabría esperar en un sistema democrático maduro como el que, teóricamente, tenemos desde hace décadas. El brote de listeriosis, una vez superado el aluvión de casos, está siendo un magnífico termómetro para medir si de verdad han cambiado las cosas en Andalucía y el Gobierno de Juanma Moreno ha traído respuestas nuevas a los problemas. Por ahora, lo hecho no permite albergar muchas esperanzas.

Hay una serie de circunstancias que parecen claras y que son de una gravedad con pocos precedentes en esta tierra. La falta de control y de inspección sobre la empresa que elaboraba los productos contaminados es palmaria, tanto como la impotencia de las autoridades en las primeras semanas para detectar la lista de productos presuntamente en mal estado y sus canales de comercialización.

No es éste lugar para determinar dónde acaban las culpas de unos y empiezan la de los otros. Pero que en Sevilla existiera una empresa como Magrudis, a la que el viernes en este periódico calificábamos como un agujero negro, sin licencia para su actividad y con un catálogo de ventas oculto, es un hecho constatable que nos lleva a interrogarnos sobre si será la única. Por supuesto que la responsabilidad principal es la de quienes gestionaban la empresa. Pero todo lo sucedido en torno a este caso nos provoca una enorme inquietud sobre en qué manos está el control de la salud pública.