VAMOS a intentar establecer un par de ideas sobre el empleo y la financiación, que son dos temas claves en el debate económico actual; la idea que se refleja en este artículo es que, si bien aún no hay un problema financiero, el aumento del desempleo es difícilmente evitable.

La destrucción de empleo se está produciendo con una rapidez que podría resultar sorprendente, si no fuera porque también se creó en los últimos años con esa misma rapidez. Parece que fue ayer cuando la competencia en la construcción por los trabajadores era tan fuerte que se llevaba a pie de obra, ofreciendo salarios más altos a trabajadores, especializados o no, para poder atender la demanda de casas. Desde la perspectiva de ese crecimiento reciente, con poca capacidad de sostenerse, hay que ver el drama actual del desempleo.

Aunque el área del euro se sitúe en crecimientos del 1,5% y España entre el 2,5% y el 2%, la destrucción de empleo será mayor en España, en proporción al exceso de los últimos años. Andalucía sigue, más o menos, a España en tasas de crecimiento, y aquí el problema ha de ser aún más grave, porque el peso de la construcción es más alto, y va a soportar el peso del ajuste. Frente a esto, no caben medidas ni remedios que vayan a producir resultados sustanciales e inmediatos. Las tasas medias de financiación a constructores, entre 2002 y 2006, crecían al 24%; para los promotores, en esas mismas fechas, eran del 42%. Ninguna magnitud económica soporta esas tasas de crecimiento durante un periodo prolongado, y las correcciones son, al menos, proporcionales a los crecimientos anteriores.

La liquidez de las entidades financieras y la financiación a la actividad productiva no son hoy el problema. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha propiciado una operación interesante, que consiste en que las entidades financieras saquen de sus balances y vendan a fondos de titulización carteras de préstamos de viviendas de protección oficial; a los bonos que emiten esos fondos el ICO les da un aval o garantía, para que puedan venderse más fácilmente y pagando un interés más bajo. Ese dinero vuelve a cajas y bancos, que deben utilizarlo obligatoriamente para dar préstamos a viviendas protegidas o, en un porcentaje, libres. Frente a lo que se ha dicho en algunos medios, no hay aquí dinero de los contribuyentes en juego, ya que el ICO exige que los préstamos que se van a vender sean buenos, la cantidad a avalar no es significativa para el Estado, y además, el ICO cobra un 0,30% por dar el aval. Tampoco la operación es nueva, pues ya se han hecho otras similares para dar liquidez a préstamos a pequeñas y medianas empresas.

Las entidades financieras han aumentado su liquidez mediante la emisión de distintos tipos de deuda, captando depósitos a plazo, y capitalizándose; las emisiones, en general a dos años y con importes superiores a mil millones de euros, han encontrado compradores institucionales en Europa, aunque a tipos superiores al 5%. Todo esto pone de manifiesto que actualmente, y aunque se valore más el riesgo en la concesión de los créditos, el problema principal no es la economía financiera, que sí tiene liquidez, sino el ajuste de la economía real.