EESTAMOS en un momento delicado de la vida colectiva de los españoles. Los casos de corrupción que saltan un día sí y otro también a la opinión pública producen cuando menos desasosiego en cada uno de nosotros. Y necesitamos tener la certeza de que los que hayan delinquido lo pagarán y para ello debemos confiar en la administración de la Justicia en España. Por lo que sé, pocas profesiones son tan vocacionales como la de juez y pocas asumen responsabilidades tan directas de manera individual. Y es lógico que unos cuantos lleguen por su capacitación a altos niveles del escalafón profesional y otros ejerzan su trabajo y responsabilidad en un discreto lugar y habitualmente con escasez de medios materiales para el desarrollo de su responsabilidad. Y estos últimos, los más numerosos, son la parte esencial de todo el sistema, a través de sus autos y sentencias.

Todos los que han pasado alguna vez por una sala de vistas en un juzgado saben que, en demasiadas ocasiones, los trámites de administrar la Justicia en España se realizan en edificios anticuados, con precariedad de medios materiales y un gran esfuerzo de todos los funcionarios. Ir a un juzgado a una comparecencia o a un trámite rutinario, nos permite hacernos una idea del número de expedientes que deben manejar, y el trabajo acumulado que se amontona en las dependencias, a su cuidado. Las referencias en los medios de comunicación de colapso material en algunos juzgados, de averías en los medios auxiliares de oficina, etcétera, no hacen sino completar esa imagen un tanto lenta y anticuada de la Justicia.

Cuando se asiste a una vista sin intervención de jurado, llama la atención que los letrados y el juez están todos en una tarima, habitualmente en forma de u y ligeramente alzada sobre acusados, testigos y público presente y además van vestidos de toga todos ellos. Es una puesta en escena que divide claramente en dos a los presentes: los jueces y letrados y todos los demás. Los testigos declaran en pie en medio de la sala. Aunque sólo vayas a corroborar un presupuesto, la verdad es que impone. No se si así es más eficaz, pero sí se que distancia al ciudadano de la administración de la Justicia.

Por motivos profesionales, he visitado nuevos edificios de justicia en diversas partes de España. Y he podido comprobar cómo, en general, esas nuevas dependencias y los medios materiales que incluían, mejoraba sensiblemente la relación del ciudadano con la Administración de Justicia y su eficacia. En Sevilla llevamos años sin tomar la decisión -y que asuma su responsabilidad quien la tenga- de modernizar y completar los juzgados del Prado o construir una nueva Ciudad de la Justicia en Los Gordales. No tengo un criterio definido al respecto, pero desde luego creo que será la mejor aquella solución que garantice la mayor accesibilidad del ciudadano, al estar bien comunicada por transporte público y por supuesto a través de la la red con los expedientes y trámites que nos afectan. Una Justicia cercana y eficaz nos tranquilizaría a la mayoría y garantizaría que nuestro sistema merece la pena.